La posverdad, esa tendencia a convertir las mentiras en verdades de cara a la opinión pública a través de los sentimientos, tiene ejemplos en nuestro país. De hecho, no hay que buscar muy lejos, basta acercarse al kilómetro 0 de España, en plena Puerta del Sol de Madrid. Sobre la placa que marca el epicentro vial del país, el pasado 2 de mayo, Cristina Cifuentes, se autoerigió en garante de la transparencia y socia preferente de la Justicia en la lucha contra la corrupción. “El tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid” fue la frase que acuñó ese día la presidente madrileña.

Porque la posverdad se basa en sentimientos y golpes en el pecho, pero se derrumba con hechos, como los que recoge el informe de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que fue enviado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica el pasado 11 de mayo, pocos días después del discurso de Cifuentes.

En este informe, la Fiscalía acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la empresa pública Arpegio y a la Dirección General de Medios de estar “ocultando información relevante a la autoridad judicial”. Fue esta postura y “las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid” lo que provocó la oleada de registros policiales, entre ellos el del 16 de mayo en el despacho del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, que provocó su dimisión. Una renuncia al cargo que quedó eclipsada porque ese mismo día se conoció que la Guardia Civil acusaba a Cifuentes de "prevaricación continuada y cohecho".

Según la Fiscalía Anticorrupción, con respecto a los contratos de publicidad que Arpegio realizó “a favor siempre del mismo grupo de empresas”, se requirió bastante documentación a esta empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

“Una vez más la documentación remitida por la entidad pública ha sido mínima y con un nivel de inconsistencia serio que nos hacen cuestionar su veracidad y que se pueda estar ocultando información relevante a la autoridad judicial”, señala en el informe las fiscales de la Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá.

Una sensación, según los fiscales, que llega al juez: “El Juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid”. Y acusan al gabinete de Cifuentes de, por lo menos, tener poco celo: “Se ha llegado a producir por la Dirección General de Medios la pérdida o extravío de los informes contratados con la sociedad EICO de Alejandro de Pedro, sin que la Comunidad de Madrid, personada en las actuaciones haya realizado ninguna manifestación”.

Los hechos que señala la Fiscalía están a la vuelta de la esquina: “La última documentación recibido de Nuevo Arpegio en octubre del pasado año volvió a presentar inconsistencias y carencias en la línea documental de los expedientes que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”.

Con todos estos datos en la mano, las fiscales concluyen: “Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid, no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia”. Es por esta desconfianza por la que “se hacen necesarias las entradas y registros que proponemos”, entre las que estaban el registro del viceconsejero de Cifuentes.

ELPLURAL.COM ha contactado con la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid para conocer las explicaciones a estas acusaciones, sobre todo las que aluden a este gabinete. “Hay orden específica de colaborar con la Justicia al máximo”, señalan, “aquí se ha dado todo lo que se ha pedido”. “A nosotros nadie nos ha pedido nada”, añaden, para subrayar como prueba que las acusaciones de la Fiscalía “se refieren a la etapa anterior”, es decir, a la época de Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Unas afirmaciones que no cuadran con el hecho de que la Fiscalía habla de octubre de 2016, cuando Cifuentes ya llevaba un año y medio en el cargo. Y cuando en el informe se define a la Comunidad de Madrid como personada en la Púnica, un status que tiene desde agosto de 2015, debido a que lo pidió Cifuentes para conseguir “transparencia” y "defender de una mejor manera los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional". ¿Transparencia? Posverdad.