¿Provocación a los católicos?
La Delegación también ha tenido en cuenta el tipo de convocatoria, los carteles anunciadores, las declaraciones de los organizadores, así como el lugar en el que se iba a celebrar, el día elegido y las hora prevista, que según destaca "coincide con el comienzo de las procesiones católicas", cuyo itinerario es conocido desde hace años. Valora asimismo "las denominación que los convocantes han asignado a las imágenes (pasos) que discurrirán por la manifestación", así como que el acto discurriría "por una zona donde se encuentran múltiples parroquias".
Contramanifestaciones
Asimismo advierte sobre la posibilidad de "contra-manifestaciones y presencia de grupos antagónicos y radicales que están citándose para acudir a estos actos". También subraya que habría gran afluencia de público y que es necesario proteger "la imagen turística de la ciudad de Madrid", así como que se trata de una enclave de alto valor patrimonial histórico artístico".
La Delegación del Gobierno en Madrid solicitó a principios de esta semana un informe a la Abogacía del Estado sobre la conveniencia de autorizar la denominada "procesión atea" en el centro de Madrid el Jueves Santo, "para mayor tranquilidad y seguridad de que se van a respetar todos los derechos", según explicó la delegada, Dolores Carrión.
Hipocresía moral
La convocatoria, tramitada primero como un acto festivo y finalmente como una manifestación, ha sido promovida por varios colectivos, entre ellos la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y la Asamblea vecinal La Playa de Lavapiés, con la intención de poner de relieve "la hipocresía social y moral que representa la Semana Santa católica". Al conocer la convocatoria, el Ayuntamiento de Madrid advirtió de que no la permitiría en el caso de que la Delegación del Gobierno no la prohibiese, como en su opinión le correspondía al tratarse de una manifestación.
Denuncia de HazteOír
Precisamente este jueves a mediodía la asociación ultracatólica HazteOír.org tenía previsto entregar en la Delegación del Gobierno las 90.000 solicitudes que ha recabado entre ciudadanos contrarios a la celebración de la "procesión atea" porque está convocada "contra los sentimientos religiosos, un hecho tipificado como delito" en el Código Penal.
