La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha recibido la orden de investigar a la empresa que llevó durante años las campañas electorales de Rita Barberá, Trasgos. Una empresa a la que se ha relacionado con la trama Gürtel, y de la que los jueces sospechan que se habría beneficiado con contratos públicos por millones de euros evitando, a través de empresas pantalla ficticias, tener que hacer frente a concursos públicos.



El juzgado de Instrucción número 20 de Valencia es el que ha ordenado esa investigación, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y a partir de un informe previo de la propia UDEF, según la cual tanto el Ayuntamiento directamente, como la Fundación Deportiva de la ciudad entregaron a ese 'grupo' de empresas dependientes de Trasgos 2.740.000 euros en contratos fraccionados, de forma que evitaban así tener que pasar por concurso.

Según cuenta el diario El Mundo en su edición de Valencia, con esta investigación el juez busca desvelar si las empresas de Trasgos comparten trabajadores y sede, lo que demostraría la ilegalidad de las concesiones, así como el montante de una relación Ayuntamiento-Trasgos que se habría prolongado durante 20 años.

Según este diario, Antonio Puig y Vicente Peris Montesinos, los empresarios que controlan este 'holding', le reconocieron haber mantenido en 2005 una reunión con Francisco Correa, con el que prepararon los contratos para la visita del Papa de 2006. Contratos que controló en gran medida la trama Gürtel, y de la que los de Trasgos, por su participación en la organización del Encuentro Mundial de las Familias, se hicieron con un pellizco de 1,4 millones de euros. El comisionado de la visita papal fue Enrique Pérez Boada, un exconcejal del Ayuntamiento de Valencia que, un pie en cada orilla, durante 2003 y 2004 fue miembro del consejo de administración de Trasgos.