María Dolores Cospedal tuvo siempre claro que la Delegación del Gobierno en Castilla La Mancha y sus cinco subdelegaciones deberían ser dirigidas por pesos pesados del organigrama político del PP en la comunidad. De esta forma, la secretaria general de la formación conservadora no dudó ni un minuto en promocionar como subdelegado en Guadalajara al secretario general del partido en esta provincia, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, un polémico personaje, senador electo y con un oscuro currículum judicial nada claro que le atribuye media docena de imputaciones por presunta prevaricación siendo alcalde de Pastrana, pero que él siempre niega y asegura que las denuncias han sido todas archivadas. Sea como fuere, el caso es que este “mandao” de Cospedal llevó a cabo una salvaje represión contra todos aquellos que se atrevían a manifestarse o protestar por los recortes llevados a cabo por la entonces presidenta de la región y por el jefe del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy, según han denunciado a lo largo de los últimos cuatro años numerosos colectivos guadalajareños.

Juez, parte y “ley mordaza”

Juan Pablo Sánchez, al igual que el delegado del Gobierno en Castilla La Mancha hasta las elecciones locales de 2015, Jesús Labrador, o su sucesor en el cargo, José Julián Gregorio, son destacados miembros del “politburó” conservador, ocupando la secretaria del partido en sus respectivos territorios. O lo que es lo mismo, sancionaban, multaban y reprimían a militantes opuestos a sus ideologías con distintas cantidades, como es el caso del hoy diputado regional de Podemos, David Llorente, que este miércoles se sentaba en el banquillo acusado de convocar una manifestación “no comunicada” durante la jornada de huelga general que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, fecha en la que Sánchez y Labrador ejercían con mano de hierro sus respectivos cargos.

Trescientos euros por protestar

La vista se ha desarrollado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Guadalajara tras agotarse todos los recursos presentados contra la sanción de 302 euros, que Juan Pablo Sánchez, secretario general del PP, senador electo y subdelegado del Gobierno en aquella época, imponía a Llorente (quien por entonces no tenía ningún cargo público) fruto del expediente abierto al hoy diputado y a otro grupo de personas a las que el “mandao” de Cospedal acusó de convocar una concentración no autorizada en Azuqueca de Henares (Guadalajara), cuando ese día, precisamente, era la fecha en la que los principales sindicatos de España convocaron una huelga general.

“Ejercer un derecho fundamental”

De ahí que sea difícil explicar que un secretario general del PP y subdelegado sancione a personas que se manifiestan contra decisiones tomadas por su partido. En este sentido, Llorente ha lamentado estos hechos y ha considerado que “la sanción es injusta”, porque se limitaron a “ejercer un derecho fundamental como el de otras muchas personas”, concreta, para seguidamente asegurar que la sanción en su contra “forma parte de una estrategia represiva de la Subdelegación del Gobierno, encabezada por Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco ( puesto que tras su dimisión desde octubre no ha sido ocupado por nadie hasta la fecha), que durante estos años ha estado sancionando a muchas personas por ejercer derechos fundamentales, de expresión, de concentración y de manifestación y la mejor manera de enfrentar esa represión es ejerciendo esos derechos".

Una represión sin parangón

Denuncia de Llorente suscrita por la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, que cuenta en su página web un amplio historial con hechos que en pleno siglo XXI y en un Estado de Derecho son difícilmente asumibles, como lo sucedido el 3 de octubre de 2012, cuando miembros de la llamada “bicicrítica”eran retenidos e identificados por la Policía Nacional por el mero hecho de pasear en bicicleta por Azuqueca de Henares, una localidad, gobernada por el PSOE,  y vigilada celosamente por la Subdelegación del Gobierno. Tanto era la persecución del subdelegado, que el PSOE llegó a anunciar una querella contra Juan Pablo Sánchez tras su intervención en “El Cascabel”, de 13 TV, donde acusó a los socialistas alcarreños de financiación ilegal. La respuesta fue contundente: “disparatada, maliciosa e insultante; no queda más remedio que acudir a la justicia, debido a la gravedad de las afirmaciones”, dijeron.