El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha anunciado que se va a iniciar una investigación sobre la filtración de los mensajes privados entre la reina Letizia, el rey Felipe VI y el empresario Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, implicado en el escándalo de las tarjetas black.
Catalá así lo ha reconocido tras una reunión con procuradores madrileños. El ministro en funciones ha señalado que, como se hace “siempre”, se abrirá dicha investigación para determinar si la publicación de dichas comunicaciones supone un delito de revelación de secretos y están relacionadas con un procedimiento judicial. "Me preocupa el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones y la garantía de que la información, fruto de un proceso judicial, no sea de uso general", ha apuntado.
Difícil depurar responsabilidades
El ministro Catalá no ha querido entrar a valorar si las revelaciones van a repercutir en la imagen de la Casa Real diciendo que "los contenidos de comunicaciones personales son responsabilidad de cada uno". El responsable de Justicia sí ha querido reconocer que este tipo de investigaciones por filtraciones son “muy complejas”.
Desde el Palacio de la Zarzuela, manteniendo su estrategia comunicativa, han recalcado que la Casa del Rey no se pronuncia sobre un asunto sometido a procedimiento judicial, que en este caso además es de índole privado de los reyes, y han subrayado que la relación de amistad de don Felipe y doña Letizia con López Madrid ya no existe.
Reacciones
Este anuncio de Rafael Catalá se suma a las diversas reacciones que se están produciendo tras publicarse los mensajes privados de los actuales reyes de España. Otro ha sido la respuesta de La Otra Crónica de El Mundo, que ha respondido a la reina Letizia por calificar a la publicación de "merde" cuando recogió los gastos de López Madrid con las tarjetas 'black'.
El director adjunto del periódico, Iñaki Gil, ha dicho que "una Reina no puede dejar de comportarse como tal ni un segundo", "ni permitirse confidencias que puedan perjudicar la reputación de discreción de la institución".
