Juan Carlos I comunicó la regularización con Hacienda de 4,4 millones de euros, el pasado 24 de febrero, 48 horas después de que la Fiscalía española enviara una comisión rogatoria a Suiza para investigar al Rey emérito.
Según ha adelantado el periódico El Mundo, el padre de Felipe VI había sido descrito por los fiscales como una suerte de comisionista internacional sospechoso de haber incurrido en hasta cuatro delitos.
Desde la Fiscalía del Tribunal Supremo se sostenía que había amasado su fortuna oculta gracias al cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.
Tras conocer el pago a Hacienda de cuatro millones de euros que trascendió a los medios de comunicación un día después de su ejecución, el 25 de febrero, el contenido expuesto por la Fiscalía española a Suiza no llegó a los medios de comunicación hasta ahora.
El abogado del Emérito comunicó, 48 horas después de la solicitud del fiscal del Supremo a Ginebra, del pago de 4,4 millones de euros por los fondos de la Fundación Zagatka que estaban siendo analizados. Algo que, a pesar de todo, desde la Fiscalía se indagaba sobre el origen del dinero que Juan Carlos I había utilizado para hacer frente a las regularizaciones.
En los cuatro delitos que protagonizaban la comisión rogatoria remitida por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, en Ginebra, se acusaba al Emérito de haber cometido, presuntamente, "blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".
La segunda regularización fiscal que hizo Juan Carlos I se produjo tras la noticia que publicó elDiario.es, el pasado 3 de noviembre, sobre las ventajas que tuvieron algunos miembros de la familia real con el uso de tarjetas bancarias que no contaban con una declaración de los fondos ante Hacienda. Una información por la que el anterior jefe del Estado abonó 678.394 euros.
