El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha registrado una iniciativa para que el Gobierno central introduzca una cláusula en todos los contratos públicos que impida la participación de empresas —nacionales o extranjeras— que “colaboren con la ocupación” israelí de los Territorios Palestinos Ocupados. La propuesta, formalizada el pasado viernes, busca garantizar que los recursos del Estado no se destinen a compañías que, de manera directa o indirecta, apoyen lo que considera una violación del Derecho internacional.
Así, ha pedido a los responsables del Ejecutivo "adoptar las medidas necesarias para incluir en todos los pliegos de contratación pública (ministerios, organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades dependientes del Estado) una cláusula que excluya de la participación en licitaciones a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados".
Según detalla el escrito presentado por IU, la exclusión de estas empresas debería aplicarse a ministerios, organismos autónomos, empresas públicas y cualquier entidad dependiente de la Administración. La medida se extendería también a aquellas compañías relacionadas con actos que puedan ser considerados como genocidio, en línea con las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y con la opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024, que declaró ilegal la ocupación de Palestina.
Contexto internacional y jurídico
Santiago ha recordado que” la Corte Internacional de Justicia determinó en julio del año pasado que los asentamientos israelíes en Cisjordania son contrarios al Derecho internacional”. La sentencia instó a la paralización inmediata de estas construcciones y a la evacuación de colonos, señalando que constituyen una forma de anexión permanente y que “vulneran la Cuarta Convención de Ginebra”, que prohíbe el traslado de población civil de la potencia ocupante hacia los territorios ocupados.
En este sentido, el portavoz de IU argumenta que España tiene obligaciones internacionales, como el caso de Irlanda, donde el Gobierno ha dictado directrices para verificar la implicación de empresas en actividades que vulneren el Derecho Internacional. “Adoptar estas cláusulas de exclusión permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España y garantizar que los recursos públicos no contribuyan a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio”, ha señalado el escrito.
La propuesta de IU coincide con la polémica generada en torno a la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a España. El conjunto deportivo, propiedad del empresario canadiense-israelí Sylvan Adams, ha sido objeto de protestas de parte de la afición y de algunos colectivos sociales a lo largo de distintas etapas de la competición. IU ha denunciado la vinculación de Adams con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, al que la formación acusa de cometer crímenes de guerra contra la población palestina.
"Este evento deportivo internacional lo organiza una empresa privada, en este caso Uniplublic, que se beneficia de múltiples contratos de administraciones públicas españolas", ha subrayado el portavoz en su escrito. Además, IU ha señalado que "numerosas empresas españolas" han sido identificadas por su participación en actividades económicas relacionadas con "asentamientos ilegales". "Empresas de sectores como construcción, tecnología y transporte han sido incluidas en informes de organizaciones como Naciones Unidas y observatorios de Derechos Humanos", ha manifestado Santiago.
