Donald Trump ha cruzado una línea que el derecho internacional trazó con claridad tras el horror de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva militar contra Venezuela, culminada con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, constituye una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y encaja en la definición del delito de agresión, el crimen internacional supremo según el Tribunal de Núremberg.
La prohibición del uso de la fuerza es uno de los pilares fundamentales del sistema internacional contemporáneo. El artículo 2.4 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece de forma inequívoca que los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. La intervención ordenada por Donald Trump, ejecutada sin autorización del Consejo de Seguridad y sin que exista una situación de legítima defensa, vulnera de manera directa este principio básico.
Desde una perspectiva jurídica, la gravedad del acto no admite eufemismos. El derecho internacional solo contempla dos excepciones al uso de la fuerza: la legítima defensa frente a un ataque armado y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de estas condiciones se cumple en el caso venezolano. Estados Unidos no ha sido atacado por Venezuela ni ha demostrado la existencia de una amenaza inminente que justifique una acción militar preventiva. Tampoco existe resolución alguna que avale la operación.
La captura de un jefe de Estado en ejercicio por fuerzas extranjeras eleva aún más la magnitud de la violación. Se trata de un ataque directo a la soberanía nacional y a la igualdad jurídica entre los Estados, un principio consagrado en el derecho internacional desde 1945. De aceptarse como práctica legítima, cualquier potencia podría arrogarse el derecho de intervenir militarmente en otro país bajo pretextos políticos o ideológicos, vaciando de contenido el orden multilateral.
El precedente histórico es claro. Tras la derrota del nazismo, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg sentó una doctrina que marcaría el futuro del derecho internacional: iniciar una guerra de agresión no es un crimen más, sino “el crimen internacional supremo”, porque contiene en sí mismo la suma de todos los demás. Esa definición buscaba impedir que el mundo regresara a la ley del más fuerte y a la normalización de la guerra como instrumento político.
La decisión de Trump, sin embargo, parece inscribirse en una lógica de excepcionalismo que ignora conscientemente ese legado. La operación contra Venezuela no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia que prioriza la coerción y la fuerza militar sobre la diplomacia y el respeto a las normas comunes. En este sentido, la agresión se convierte en un mensaje al conjunto de la comunidad internacional: las reglas existen, pero no se aplican por igual.
Las consecuencias de este acto trascienden el caso venezolano. Al quebrantar abiertamente el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, Estados Unidos erosiona uno de los cimientos del sistema de seguridad colectiva. Si la prohibición del uso de la fuerza deja de ser efectiva, se abre un escenario de inestabilidad permanente en el que los conflictos se resolverán por la vía militar y no por mecanismos jurídicos o diplomáticos.
La historia que América Latina conoce demasiado bien
En América Latina, la intervención estadounidense ha sido interpretada como un inquietante retorno a las peores prácticas del intervencionismo histórico que marcaron la región durante gran parte del siglo XX. Desde los golpes de Estado auspiciados por Washington en el marco de la Guerra Fría hasta las invasiones directas y las operaciones encubiertas, la memoria colectiva latinoamericana está atravesada por una experiencia reiterada de injerencia externa. La ofensiva contra Venezuela y la detención de su presidente reactivan ese imaginario y confirman, para muchos gobiernos y movimientos sociales, que esa lógica nunca fue realmente abandonada, sino simplemente reformulada.
La captura de Nicolás Maduro por una potencia extranjera supone un salto cualitativo especialmente grave. No se trata únicamente de una presión diplomática, sanciones económicas o aislamiento político, sino de la intervención militar directa para alterar el liderazgo de un Estado soberano. Este hecho establece un precedente profundamente inquietante para la región: si un presidente puede ser detenido por decisión unilateral de Washington, ningún gobierno que se aparte de sus intereses estratégicos puede considerarse a salvo.
Diversos analistas latinoamericanos advierten de que este episodio refuerza una idea largamente denunciada en el sur global: la soberanía no opera como un principio universal, sino como un privilegio condicionado. En la práctica, los Estados del norte global —y en particular Estados Unidos— se arrogan la capacidad de decidir cuándo un gobierno es “legítimo” y cuándo puede ser derrocado por la fuerza. Esta lógica erosiona el principio de igualdad soberana y consolida un orden internacional jerárquico, en el que el poder militar sustituye al derecho.
Además, la intervención en Venezuela amenaza con reactivar dinámicas de desestabilización regional. La historia reciente demuestra que las acciones militares externas no generan estabilidad ni democracia, sino fragmentación, violencia y crisis humanitarias prolongadas. Países vecinos temen ahora un efecto dominó que incremente la tensión política, el desplazamiento de población y la militarización del continente, en un momento ya marcado por profundas desigualdades sociales y crisis económicas.
Desde esta perspectiva, la operación ordenada por Donald Trump no solo afecta a Venezuela, sino que envía un mensaje al conjunto de América Latina: el margen de autonomía política es limitado y puede ser revertido por la fuerza si entra en conflicto con los intereses de Washington. Un mensaje que reactiva viejas heridas, alimenta la desconfianza hacia el sistema internacional y refuerza la percepción de que, para el sur global, el derecho internacional sigue siendo una promesa frágil y selectiva.
