Este jueves el Congreso de Perú comunicaba la destitución de la presidenta Dina Boluarte tras dos años y diez meses de mandato y a razón de las cuatro mociones de vacancia por su “permanente incapacidad moral” para hacer frente al auge del crimen organizado en el país con una amplia mayoría de votos de 122 votos a favor entre un total de 130. Con el paso al lado de Boluarte, asumía la presidencia el hasta ahora presidente de la Cámara, el derechista José Jerí. 

Sin embargo, cuando apenas no lleva ni 24 horas en el cargo, Jerí ha sido descubierto como seguidor de numerosas cuentas en redes sociales de contenido pornográfico y, tras asumir el cargo, ha empezado a dejar de seguir a hasta más de 300 perfiles. 

Lo cierto es que al margen del consumo de pornografía, Jerí acumula una trayectoria judicial con diferentes denuncias por acoso sexual así como investigaciones de la justicia por delitos de corrupción, sexuales así como por desobediencia a la autoridad. En este sentido, en enero de este mismo año salió a la luz un caso de violación que involucra a Jerí. Según el relato de la denunciante, perdió el conocimiento después de consumir alcohol y despertó con dolor en la zona íntima con una prenda del actual presidente peruano cerca de ella. 

Entre otras cosas, durante su época como presidente del Congreso fue denunciado e investigado por desobediencia a la autoridad. A razón de ello, el Juzgado Civil de Canta había ordenado que se sometiera a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”. Según mandaba la justicia, el legislador estaba obligado a asistir a las sesiones y seguir las recomendaciones del especialista. Sin embargo, Jerí incumplió la orden y obligó a la apertura de un proceso penal por presunta desobediencia, según dicta el Código Penal peruano. Por el momento, la investigación sigue abierta y se suma así a los antecedentes judiciales del político.

Por otra parte, el actual presidente peruano enfrenta también diferentes acusaciones de corrupción vinculadas a su rol en la Comisión de Presupuesto. La empresaria Blanca Ríos denunció que cuando Jerí estaba al mando de la comisión, se entregó un soborno de 150.000 dólares a operadores de su entorno a cambio de que un proyecto en Cajamarca fuera incorporado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Fiscalía solicita el pasaporte a Boluarte

La Fiscalía de Perú ha solicitado este viernes la retirada del pasaporte a la expresidenta Dina Boluarte por 18 y 36 meses por dos casos de corrupción de las siete causas que tiene pendientes, una vez ha sido cesada por el Congreso. El primero de ellos, por el que se pide 18 meses, trata sobre un delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por intervenir en la designación de funcionarios en el Ministerio de Salud y en una serie de pagos para favorecer tercero que le habría realizado una serie de operaciones estéticas.

Por otro lado, la fiscalía especializada en delitos económicos ha solicitado que se le prohíba salir de Perú durante 36 meses por un presunto delito de lavado de activos en un caso que atañe al dirigente político prófugo Vladimir Cerrón, a quien le acusan de liderar una trama de contratación pública a cambio de sobornos. Las autoridades han argumentado que ambas demandas están centradas en evitar un posible riesgo de fuga de la expresidenta, una posibilidad sobre la que se ha ido rumoreando en las últimas horas tras la moción de censura en su contra.

Rumores que ha negado el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien ha afirmado en su cuenta de X que "ella está en su casa; ese fue y será su paradero". Asimismo, ha remarcado que se someterá a los poderes del Estado si así se requiere. "Dejen el delirio informativo al lado y construyan un periodismo veraz, educador y responsable", ha afeado el abogado de la expresidenta, que ha acumulado hasta siete investigaciones en estos casi tres años de mandato, además de otras tres por hechos previos a su abrupta llegada por la caída en desgracia de Pedro Castillo.

Ahora sin inmunidad, Boluarte habrá de responder a las siete causas que tiene abiertas. Las más avanzadas son las relacionados con las muertes de 49 personas en las protestas contra el Gobierno de finales de 2022 y e inicios del 2023, y con un presunto delito de cohecho pasivo por la posesión de unas joyas y relojes de lujo.

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