Justo cuando se cumplen dos años de los atentados de Hamás en Israel, el Congreso de los Diputados acogerá la votación del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a los hebreos este 7 de octubre de 2025. En estos dos años, con motivo del apoyo español al pueblo gazatí, así como por el reconocimiento del estado de Palestino o la condena al genocidio perpetrado en la Franja, el Ejecutivo israelí no ha dudado en tensionar la cuerda desde su lado. En esta ocasión, con motivo de la votación, la Embajada de Israel ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo español, asegurando que escoger esta fecha es "perverso, inhumano y aberrante".

El debate sobre el embargo de armas llega en una fecha clave además por el reciente sabotaje a la Global Sumud Flotilla. Los activistas que navegaban en las embarcaciones fueron secuestrados por el ejército hebreo y, a su regreso a sus países de orígenes, han denunciado los malos tratos y vejaciones sufridas. Con este contexto internacional de fondo, el decreto ley del Gobierno se someterá a votación.

En su comunicado, la Embajada de Israel asegura que esta fecha, el 7 de octubre, "marca el principio de la guerra lanzada por Hamás". Por ello, califican la elección del Ejecutivo español de votar el embargo de armas a Israel en este día como una "decisión cínica y condenable, especialmente en estos días tan delicados, cuando los equipos de negociación se reúnen para poner fin a la guerra". 

Los hebreos han continuado cargando contra el Gobierno y han tildado de "perverso, inhumano y aberrante" la elección de la fecha, ya que, señalan que "todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo estarán de luto, recordando a sus víctimas".

"Lamentablemente, esto refleja una vez más la obsesión antisraelí del Gobierno español", concluye el comunicado. 

El embargo de armas, una de las medidas para ayudar a "detener el genocidio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios del mes de septiembre una batería de medidas inmediatas cuyo fin es ayudar a "detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus autores y apoyar a la población palestina”. Entre estas iniciativas se encuentra la aprobación del real decreto para consolidar jurídicamente el embargo de armas y establecer la “prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar en Israel”.

El decreto ley se aprobó en Consejo de Ministros hace una semana y, ahora, llega a la Cámara Baja para ser validado. Los partidos políticos que por el momento han confirmado que mostrarán su apoyo al texto son el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, el BNG, Coalición Canaria y la diputada de Compromís en el Mixto, Àgueda Micó, un total de 174 votos. Por otro lado, también seespera que José Luis Ábalos entone el 'sí, quiero' como independiente, lo que sumaría 175 síes, es decir, la mitad del Hemiciclo.

Mientras, el PP no ha querido desvelar cuál será su voto, dejando abierta la puerta a votar en contra junto con Vox y, previsiblemente, Unión del Pueblo Navarro, que sumarían un total de 171 noes. De cumplirse estas matemáticas, Podemos tiene en su mano aprobar o tumbar el embargo de armas a los hebreos ya que, de inclinarse por el 'no', produciría un empate que podría suponer el fin de la iniciativa. No obstante, con la abstención, el texto sería convalidado. 

Con respecto al contenido del decreto ley, prohíbe la compra y la venta de materiales de defensa, así como de otros productos y tecnologías de doble uso y la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar. Sin embargo, las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) quedan al margen de la normativa al regirse por un convenio suscrito entre España y Estados Unidos.

Por otro lado, la aprobación de este decreto también afecta a la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, así como a la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados procedentes de los asentamientos. No obstante, el Gobierno se reserva la capacidad de introducir excepciones y autorizar determinadas operaciones en aras del interés general por temas relacionados con la seguridad nacional o política exterior.

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