El Parlamento de Corea del Sur ha rechazado la imposición del presidente, Yoon Suk Yeol, de declarar una "ley marcial de emergencia" tras acusar a la oposición de controlar el parlamento, simpatizar con Corea del Norte y paralizar al gobierno mediante "actividades contra el Estado". El presidente anunció la medida durante una conferencia de prensa televisada, lo que rápidamente generó una intensa polémica en el país y tensiones políticas internas, y poco tiempo después, el Parlamento coreano la ha rechazado en una votación.

En concreto, la Asamblea Nacional de Corea del Sur, controlada por la oposición, ha votado a favor una moción para solicitar al presidente que derogue la ley marcial, lo que en teoría debería implicar el fin de las medidas excepcionales. La Constitución surcoreana concede al presidente la facultad de decretar la ley marcial por "necesidades militares" o para "mantener la seguridad y el orden público, pero estipula también que debe notificar dicha decisión a la Asamblea".

Si el Parlamento así lo requiere por mayoría absoluta, el presidente debe dar marcha atrás en su ley marcial, tal como recoge el artículo 77 de la Carta Magna.

El mandatario aseguró que su decisión busca "erradicar a las fuerzas pro-coreanas y proteger el orden democrático constitucional". Sin embargo, la ambigüedad sobre cómo esta medida impactará en la gobernanza y la democracia ha provocado incertidumbre. "No habrá ningún cambio en la postura de política exterior", subrayó Yoon, comprometiéndose a cumplir con las responsabilidades internacionales de Corea del Sur.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An Soo, ha informado de que todas las actividades parlamentarias y de los partidos quedan prohibidas, así como las protestas y las manifestaciones, mientras que los medios de comunicación estarán bajo estrecha vigilancia de las autoridades. "Están prohibidas las noticias falsas, la manipulación de la opinión pública y la propaganda falsa" y "todos los medios y publicaciones están sujetos al control de la ley marcial", ha hecho saber el jefe del Ejército surcoreano.

Asimismo, la libertad de reunión y manifestación queda restringida y todas aquellas personas que se encuentren secundando algún tipo de huelga o movilización tienen un plazo de 48 horas para regresar a sus puestos de trabajo. "Los infractores serán castigados con la ley marcial", ha advertido. "Los infractores podrán ser arrestados, detenidos, registrados y apresados sin orden judicial de conformidad con el artículo 9 de la Ley Marcial" y serán castigados en base al artículo 14 de dicha norma.

Yoo, en mínimos de aprobación

Esta controvertida acción ocurre en un contexto de debilitamiento político para Yoon, cuyo índice de aprobación ha caído significativamente desde que asumió el cargo en 2022. La oposición, que controla el parlamento, ha recortado recientemente cerca de 3.000 millones de dólares de su propuesta de presupuesto para 2025 y ha aprobado por la vía rápida un presupuesto reducido, decisiones que el gobierno calificó como un intento de frenar al Ejecutivo.

Además, Yoon vinculó su decisión a lo que describió como "un complot de insurgencia" tras las destituciones del presidente de la Junta de Auditoría y el fiscal jefe, aprobadas por el parlamento. Estas acciones, según el presidente, representan "claros actos antiestatales".

El anuncio también se produce en medio de críticas hacia Yoon por rechazar investigaciones independientes sobre escándalos que involucran a su esposa y altos funcionarios de su administración. Los líderes de la oposición han denunciado la medida como un golpe contra la constitución y han convocado a los legisladores al parlamento para discutir una respuesta.

En su discurso, Yoon apeló directamente a la ciudadanía, prometiendo "normalizar el país lo antes posible" y minimizar los inconvenientes que la ley marcial pudiera causar a los "buenos ciudadanos". "Como presidente, hago un sincero llamamiento al pueblo. Confiaré solo en ustedes y dedicaré mi vida a proteger una República de Corea libre. Por favor, confíen en mí", declaró con tono solemne.

La decisión ha generado críticas incluso dentro de su propio partido. Han Dong-hoon, líder del gobernante Partido del Poder Popular, ha rechazado públicamente la medida y ha anunciado que exigirán su levantamiento a través de la Asamblea Nacional: "La declaración de ley marcial es incorrecta".

Por su parte, el expresidente Moon Jae-in ha alertado de que el país "se encuentra en una situación desesperada". "Esperamos que la Asamblea Nacional actúe rápidamente para proteger nuestra democracia en colapso. Pido al pueblo proteger y salvar la democracia y brindar fuerza para que la Asamblea Nacional pueda funcionar normalmente", ha reclamado.

Un nuevo capítulo en la histórica tensión con Corea del Norte

La declaración de ley marcial por parte del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol no puede analizarse en aislamiento; ocurre en un país que vive bajo la sombra de una prolongada rivalidad con Corea del Norte, una de las tensiones más emblemáticas y peligrosas del escenario geopolítico global. Esta decisión podría reconfigurar no solo la política interna surcoreana, sino también las delicadas dinámicas en la península coreana.

Desde el final de la Guerra de Corea (1950-1953), ambas naciones han permanecido técnicamente en guerra, dado que el conflicto terminó con un armisticio y no con un tratado de paz. Corea del Norte, con su régimen autoritario y desarrollo nuclear, se ha mantenido como una amenaza constante para la seguridad de Corea del Sur, mientras que el gobierno surcoreano, respaldado por su alianza con Estados Unidos, ha procurado un equilibrio entre la disuasión militar y los intentos de diálogo.

En este contexto, Yoon Suk Yeol ha adoptado una postura especialmente firme hacia Pyongyang desde su llegada al poder en 2022. Su gobierno ha reforzado las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos, endurecido las sanciones contra Corea del Norte y acusado repetidamente a la oposición interna de tener simpatías hacia el régimen liderado por Kim Jong-un. Estas acusaciones han resurgido con fuerza en el marco de la reciente crisis política, donde Yoon denunció a las "fuerzas pro-coreanas" que, según él, buscan desestabilizar a Corea del Sur desde dentro.

La oposición, por su parte, ha rechazado categóricamente tales afirmaciones, considerándolas una táctica del presidente para desviar la atención de los problemas internos, como el desgaste de su popularidad, los recortes presupuestarios y los escándalos que rodean a su entorno cercano. Sin embargo, el discurso de Yoon alude a un temor histórico y profundamente enraizado en la sociedad surcoreana: la infiltración norcoreana. Durante décadas, las sospechas de espionaje y subversión han sido utilizadas como herramienta política, avivando la tensión interna en momentos de crisis.

La retórica de Yoon también resalta un dilema constante en Corea del Sur: cómo equilibrar la seguridad nacional con el mantenimiento de sus valores democráticos. La ley marcial, aunque concebida como un mecanismo para garantizar el orden, plantea preocupaciones sobre posibles restricciones a las libertades civiles y el riesgo de profundizar la polarización política en un país que, paradójicamente, ha emergido como uno de los bastiones democráticos más fuertes de Asia.

A nivel internacional, esta decisión podría tensar aún más las relaciones con Corea del Norte, especialmente si Pyongyang la percibe como un movimiento desestabilizador en la región. Hasta el momento, Yoon ha asegurado que su política exterior no cambiará, pero la escalada de tensiones internas podría limitar su capacidad para responder con firmeza a las provocaciones norcoreanas.

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