La Comisión Europea ha desbloqueado este miércoles 10.200 millones de euros de fondos de cohesión al considerar que Budapest ha cumplido con la reforma judicial que le exigía Bruselas para garantizar el respeto sus problemas de Estado de Derecho a un día de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, amenaza con vetar la ayuda a Ucrania.

Tras una evaluación exhaustiva y varios intercambios con el Gobierno húngaro, el Ejecutivo comunitario considera que Hungría ha adoptado las medidas que se comprometió a adoptar para que la Comisión considere que se cumple la condición habilitante horizontal de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en lo que respecta a independencia judicial.

Esto significa que parte de la financiación de la política de cohesión ya no está bloqueada y, por tanto, Hungría puede empezar a reclamar reembolsos por valor de hasta unos 10.200 millones de euros.

Bruselas mantiene todavía bloqueados a Budapest cercad de un total de 21.000 millones, unos 12.000 millones en fondos de cohesión comunitarios por incumplimiento de la Carta europea de Derechos Fundamentales, de los cuales 6.300 millones están sujetos a la aplicación de medidas para garantizar el respeto al Estado de Derecho.

A estos se suman, además, otros 10.000 millones de su plan de Recuperación y Resiliencia ya que la Comisión considera que aún no se han cumplido los 27 "súper hitos" del plan, por lo que, por el momento no se puede realizar ninguna solicitud de pago.

Así, este pago puede interpretarse como un paso atrás de la Unión Europea para conseguir el voto a favor de Budapest en la que será una cumbre clave para el futuro de Kiev, en tanto que está previsto que los líderes de la UE tomen decisiones clave sobre la incoporación de Ucrania a la Comunidad y sobre el envío de nuevas ayudas. El veto húngaro era un problema a temer, y con este ingreso podrán, previsiblemente, suavizarse posturas.

Hungría, parcialmente enemistada con Bruselas

A su vez, la cuestión de la ayuda a Ucrania no es la única en la que Budapest se encuentra en dispersión con la Unión Europea. La pasada semana, Hungría y Polonia dejaron patentes sus diferencias con la política migratoria común que se pretendía plantear en la Declaración de Granada. Los líderes europeos se vieron en la necesidad de evitar hacer mención expresa a la misma para salvarla de los vetos de Varsovia y Budapest, que frenaron el texto durante horas, en un intento por imponer a los 27 países el compromiso de que las decisiones sobre migración y asilo se tomaran por unanimidad y no con la mayoría cualificada actual, lo que en la práctica otorgaría poder de veto en las negociaciones del Pacto Migratorio y de Asilo con que un único Estado votase en contra.

Según informaron fuentes europeas, el párrafo sobre migración fue retirado del documento validado por los 27, y en su lugar, fue publicado en concepto de "comunicado del presidente del Consejo Europeo", Charles Michel, rebajando así su peso político y sacándolo del pacto comunitario, tal y como exigieron estas dos naciones, cuyos gobiernos presentan un corte ultraconservador.

No supone una novedad que los socios ultraconservadores del este se opongan a un pacto conjunto por la migración. Aprovecharon la cumbre en Granada para lanzar un órdago contra el "dictado de Berlín y Bruselas". "No tenemos miedo de los dictados que vienen de Bruselas y Berlín", recriminaba a primera hora de la jornada Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, criticando que se pretenda imponer un sistema para "distribuir migrantes ilegales" entre los países. Y, por su parte, Viktor Orbán, su homólogo húngaro, afirmaba: "Si te violan legalmente, te obligan a aceptar algo que no te gusta, ¿cómo es posible llegar a un compromiso, a un acuerdo? Es imposible".