El pasado fin de semana miles de ciudadanos protestaron en el centro de la ciudad de Melbourne contra las enmiendas legislativas anunciadas por Daniel Andrews, primer ministro del estado australiano de Victoria. Unas protestas que cortaron el tranvía y recorrieron el tramo entre la biblioteca histórica y el parlamento regional y en las que se vieron duros carteles y horcas contra los políticos, aunque no se repitieron los disturbios de septiembre. En síntesis, los cambios que el Gobierno quiere establecer buscan endurecer las medidas de castigo contra ciudadanos que se resistan a inmunizarse contra el COVID19.

Y es que, a pesar que más del 86 por ciento de la población está inmunizada con la doble dosis, algunos establecimientos de la hostelería o en conciertos musicales no imponen a rajatabla las restricciones decretadas. 

Este sábado se cumplía el plazo para que los trabajadores de la construcción tuvieran las dos dosis de la vacuna para poder volver a sus puestos de trabajo. La exigencia para los trabajadores de residencias y cuidadores geriátricos se cumplía este lunes y un millón de funcionarios considerados esenciales deberán haber recibido la pauta completa antes del 26 de noviembre.

En paralelo, el Estado de Victoria se ha otorgado nuevos poderes para reemplazar los recibidos durante el estado de alarma, que expiran el 15 de diciembre. Con las nuevas leyes, el primer ministro regional o su ministro de Sanidad podrán decretar la situación de pandemia y dictar órdenes de salud pública, quitando las responsabilidades a los directores de salud.

Duras pancartas

Al mismo tiempo, la oposición exige que se retire la obligación de llevar mascarillas, que en la actualidad es obligatoria en el centro. El Gobierno de Victoria ha prometido levantar la exigencia cuando la población con pauta completa llegue al 90%. En el aire flota la preocupación por la negativa de los trabajadores de acudir a sus puestos de trabajo, eligiendo, los que pueden, el teletrabajo.

De hecho, la semana pasada, tanto el Ayuntamiento de Melbourne como el Gobierno estatal de Victoria han prometido reembolsos de 150 dólares en comidas a los trabajadores que acudan a trabajar al centro de la ciudad, donde este fin de semana tuvieron lugar las protestas.

Pero, retomando el pulso de las protestas del último fin de semana, aparecieron numerosas pancartas y mensajes de repulsa y odio contra el mandatario político de Victoria y otras personalidades del coso parlamentario.

En una de las pancartas aparecía el semblante de Andrews con bigote a semejanza de Adolf Hitler y, no muy lejos, la imagen de Anddy Meddick, ahorcado. Otro manifestante paseó por el centro de la ciudad portando un patíbulo con tres pequeñas horcas.


Meddick, diputado independiente y encargado principal de la agrupación defensora que reclama justicia por los animales, dijo a periodistas del matutino The Sunday Age, que los manifestantes no solo se conformaron con vitorear mensajes de repulsa en las calles, sino que también "llegaron por la noche a mi casa, poniendo a mi familia en peligro". Y, para terminar, añadió: "La gente puede estar en desacuerdo, pero en una democracia vibrante no es de rigor manifestarse en las casas de los políticos".

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, en otra protesta, los trabajadores de la construcción desfilaron por la ciudad sin molestar ni corear insultos a nadie.

Polémica por las medidas del Gobierno

Cambiando de tercio y tirando del hilo sobre las enmiendas legislativas que el Gobierno de Victoria quiere llevar adelante, grupos de derechos humanos han dado el visto bueno a los cambios en el sentido de que serían un buen aliciente para resolver con más rapidez los requisitos de apelación en castigos carcelarios.  

Por otro lado, Hugh de Kresttser director ejecutivo del organismo Victorian civil liberties, organismo que defiende los intereses civiles y las libertades de la ciudadanía, envió a los medios de información un comunicado en el que apostaba a favor por las enmiendas del Gobierno de Andrews, por entender que los cambios serían positivos en favor de los implicados.

Sin embargo, algunos organismos que defienden los intereses de la ciudadanía no están del todo convencidos de que las enmiendas legislativas que quiere imponer el Gobierno Estatal sean positivas, teniendo en cuenta las autoridades de Victoria durante la historia de la pandemia impusieron 14 días de cuarentena, incluyendo a los menores de edad. Incluso, en periodos en que el número de afectados por el virus era nulo, según fuentes del grupo periodístico Nine Entertainment. 

Pero, sobre todo, también hubo críticas mordaces, cuando el Gobierno dio órdenes a las autoridades encargadas de la seguridad de detener a personas si sentían que era razonablemente necesario con el fin de eliminar al máximo los riesgos de la salud pública.