El Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea ha logrado este viernes en Luxemburgo un acuerdo político sobre el mecanismo de solidaridad obligatoria para el reparto de refugiados entre países europeos. Ésta es una de las piezas clave del pacto migratorio lanzado por la Comisión Europea en septiembre de 2020 y que llevaba casi dos años estancado.

En este sentido, Bruselas recabará en los próximos días la oferta de plazas de los países dispuestos a colaborar en futuros repartos de personas en caso de crisis migratorias en uno o varios países miembros de la unión.

Esta norma todavía está pendiente de aprobación formal para que entre en vigor, pero se ha acordado que los socios que no quieran colaborar tendrán que realizar una contribución económica o ayudar financieramente a otros socios para costear la devolución de migrantes irregulares sin derecho de asilo.

Una docena de países se han comprometido ya a recibir a migrantes en el marco de ese mecanismo voluntario, entre ellos Francia y Alemania, pero la Comisión Europea espera contar con más países cuando lance la plataforma con la que se coordinará esta iniciativa antes de que acabe junio.

En los equilibrios para desbloquear la reforma ha jugado también la concesión de los países del sur de Europa para trocear la negociación del Pacto, en lugar de abordarlo en bloque como querían de salida, y cerrar ya la posición de los Veintisiete respecto a dos piezas clave pero más fáciles de negociar: el reglamento sobre la base de datos biométricos común (Eurodac) y el llamado 'screening' para registrar y poder rechazar en la frontera exterior a los migrantes que representen una amenaza para la seguridad de la UE.

Éxodo de refugiados en Ucrania

La última crisis de refugiados que ha afectado al viejo continente ha sido la provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Más de seis millones de personas se han desplazado a países europeos, y esto ha servido para reforzar los argumentos de la Comisión a favor de aprobar el pacto migratorio cuanto antes.

Además, en este caso, los países tradicionalmente contrarios a una política común de asilo, como Polonia o Hungría, se han visto en primera fila de la crisis de Ucrania como receptores del mayor número de personas huyendo de la guerra.