Esta semana han sido citados a declarar seis consejeros de Alberto Ruiz-Gallardón durante su época de presidente de la Comunidad de Madrid por su relación con la compra de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II. Una adquisición bajo sospecha que se encuadra dentro de la investigación por el caso Lezo. Dentro de este caso, ElPlural.com ha tenido acceso a la dura reprimenda que el juez del caso, Manuel García-Castellón, le ha dedicado a Pedro Calvo, uno de los hombres fuertes de Gallardón.
Entre el martes y el miércoles de esta semana estaban citados en la Audiencia Nacional Paz González García, exconsejera de Justicia y Administraciones Públicas; Luis Blázquez, Economía e Innovación, Luis Eduardo Cortés, Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alicia Moreno, exconsejera de Las Artes; Pilar Martínez López, Servicios Sociales, y Luis Peral, Trabajo.
Estos consejeros cierran las declaraciones de todos los miembros del Ejecutivo de Gallardón que fueron imputados en bloque, porque antes ya habían declarado los miembros más relevantes: el propio expresidente y exministro, su número dos, Manuel Cobo y el propio Pedro Calvo. Sin embargo, queda un cabo suelto, un miembro del Gobierno de Gallardón que no ha sido citado: José Ignacio Echániz.
Echániz ha sido muchas cosas. Con Gallardón fue consejero de Sanidad y con María Dolores de Cospedal repitió cargo en Castilla-La Mancha. También ha sido diputado en la Asamblea de Madrid y en las Cortes de Castilla-La Mancha. Pero es que, además, a día de hoy es diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, lo que le convierte en aforado y -al igual que ocurre con Pablo Casado y su máster- solo puede ser imputado y citado a declarar por el Tribunal Supremo.
Este argumento es el que usó, a principios de agosto, la defensa de Pedro Calvo en un recurso en el que se chivaba de que Echániz no había sido citado a declarar junto a sus excompañeros a pesar de que “a la sazón era consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y que votó en el Consejo de Gobierno al que se refiere este proceso por la compra de Inassa”.
La defensa de Calvo se acoge a que, tras las declaraciones de los hombres fuertes, se había pedido la citación de “el resto” de miembros del Gobierno, aunque el Ministerio Fiscal había aclarado en un informe que no se citase a Echániz por ser diputado nacional.
No sin ironía, el abogado firmante del recurso señala que “esta defensa no quiere pensar que sea porque se pretenda eludir la competencia del Tribunal Supremo” y señala que “si todo ha sido un error” el recurso presentado “establece la posibilidad de su corrección”.
El abogado vuelve a insistir en que “no se sabe si ello [la no citación de Echániz] se debe a un mero error o si, por el contrario, es una omisión volutaria”. Pero, en cualquier caso, acaba su escrito pidiendo al juez que “acuerde elevar la exposición razonada al Tribunal Supremo”.
La respuesta del magistrado García-Castellón se hizo esperar casi un mes, hasta el seis de septiembre, pero no por ello tuvo miramientos con la defensa de Pedro Calvo y en una providencia “inadmite el recurso de reforma” presentado.
Pero no se queda ahí y le recuerda que la razón es “por carecer el recurrente de legitimidad para ejercitar acciones penales frente a otros en las presentes actuaciones”. Y, además de recomendarle diversa jurisprudencia al respecto, le recuerda al abogado que “su posición es exclusivamente de parte pasiva acusada, por lo que no puede ejercitar acciones civiles ni penales frente a otros investigados, ni argumentar ni discutir sobre cuestiones relativas a quien ostenta, o en qué momento, la condición de investigado”.
En manos de Marchena
¿Por qué tanto interés en que la pieza de Inassa acabe en el Tribunal Supremo? Parafraseando a la defensa de Pedro Calvo, no queremos pensar que sea porque sea una sede judicial más favorable. Desde luego, las garantías para los diputados y otros aforados son mayores en el Alto Tribunal, por no hablar de que en la elección de sus miembros tiene mucho que decir un Consejo General del Poder Judicial que el Partido Popular ha copado con magistrados afines en los últimos años.
Pero incluso podría irse más allá. El único órgano competente para enjuiciar a diputados y aforados es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside el juez Manuel Marchena, conocido por estar en los tres juicios abiertos a Baltasar Garzón tras investigar el caso Gürtel y que acabaron con su inhabilitación. Pero es que Marchena y Pedro Calvo ya se conocen. Ambos estaban en la comida “pantagruélica” de dos kilos de angulas, percebes y botellas de vino de 2.000 euros que fue destapada en 2014.
Fue un banquete descubierto después de que un conductor tuviese un altercado con un chófer oficial en la calle Mayor, frente al restaurante. Así se descubrió la cita gastronómica de alto copete en la que había otras tres personas más. Una de ellas, el exministro Ángel Acebes, que compartió mantel con Marchena poco antes de que el juez Ruz le imputase por la compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro de la caja B del PP.
