El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Lezo, ha dado luz verde a la solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de reclamar información a la Comunidad de Madrid sobre la adjudicación de la construcción de un campo de entrenamiento de golf en terrenos del Canal de Isabel II en Madrid a la empresa Tecnoconcret, vinculada con Ignacio y Pablo González además del cuñado de ambos, Juan Caballero. Este último está casado con la hermana de los dos primeros, Isabel González, que es también diputada del PP en la Asamblea de Madrid y portavoz de la comisión de Cultura y Turismo.
El magistrado pide a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Urbanismo documentación sobre un informe de urbanismo que el Consejo de Gobierno de enero de 2007, liderado por Esperanza Aguirre, incluyó en el apartado “Dictámenes y Trámites preceptivos” para declarar la construcción del campo de golf de “excepcional interés general”. De esta manera, el gobierno popular se saltó las trabas del ayuntamiento que había emitido un informe desfavorable de la obra. Este acuerdo del Gobierno regional fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por no estar suficientemente motivado el interés público.
Ahora, García Castellón quiere seguir indagando en este asunto, que apunta directamente no sólo contra la familia González, también a Esperanza Aguirre, que impulsó el proyecto bajo su gobierno.
Aguirre se autoadjudicó la idea del campo de golf
El pasado 23 de marzo, cuando declaró ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la corrupción política para explicar la construcción del campo de golf se adjudicó la idea: “Yo tuve la idea de ponerlo en el centro de Madrid. Mátenme a mí, pero la idea fue mía. Lo había visto en algunas ciudades en el extranjero... y en algunas películas".
La sombra de la corrupción planea sobre Esperanza Aguirre desde el estallido del caso Gürtel, con varios dirigentes regionales implicados en la trama, algunos de ellos ya condenados. La presión fue elevándose cuando en 2014 fue detenido su antiguo número tres, Francisco Granados por el caso Púnica y con la caída en 2018 de su sucesor, Ignacio González, por la Lezo. Sólo entonces, con el arresto de González, se decidió a dar su adiós definitivo a la política renunciando a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. "Me siento engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía", justificó entonces.
Ahora, ella misma puede acabar investigada por firmar la modificación de contrato que permitió la construcción de un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II, un contrato que acabó en manos de Tecnoconcret, la empresa vinculada a Ignacio González.
