Ignacio González, al que la policía incautó 5,4 millones de dólares (4.733.181 euros) en metálico, así como diversas propiedades inmobiliaras, se reincorporará a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Manuela Carmena, plaza que aprobó en 1984 y en la que se encontraba en excedencia para desarrrollar su carrera política en el Partido Popular. Carrera que concluyó fulminantemente cuando la policía le detuvo por la trama de corrupción en la empresa pública del Canal de Isabel II. González pasó de sucesor de Esperanza Aguirre a preso en Soto del Real, de donde salió hace un año al pagar 400.000 euros de fianza.
Mientras prosigue la instrucción de Lezo, el expresidente madrileño solicitó reincorporase a su plaza, algo que no ha sentado bien en el consistorio madrileño, ni entre los grupos políticos municipales. Antes de aceptar la petición de González, el Ayuntamiento consultó a la Audiencia Nacional (al Juzgado Central de Instrucción número 6) por si existiera algún inconveniente ante el reingreso. En septiembre se les respondió que «no se ha adoptado, respecto al investigado Ignacio González González, ninguna medida cautelar que le inhabilite o suspenda para el ejercicio de la función pública», por lo que no les queda más remedio que asignarle un puesto.
Así, el supuesto cabecilla de Lezo regresará a la función pública como consejero técnico en la Subdirección de Apoyo Jurídico, Incompatibilidades y Régimen Disciplinario, cobrando un sueldo de 54.000 euros anuales que puede aumentar a 58.000 si decide trabajar dos tardes por semana. Siempre y cuando su futuro judicial no le devuelva a la prisión.
