La semana que se acaba difícilmente será olvidada por los genoveses originales y genuinos y en particular por 2 ex Presidentes de la Comunidad de Madrid : Cristina Cifuentes Cuencas (2015-2018) y Alberto Ruiz Gallardón (1996-2003). La primera porque muy a su pesar se ha visto obligada a dimitir y el segundo por haber sido citado como investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

En el caso del ex Ministro de Justicia del Gobierno de Rajoy su citación se enmarca dentro de la instrucción iniciada en el marco del Caso Lezo y en particular en su Pieza Separada 1 en la que se investiga los “hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II, con las adquisiciones con desvío de dinero público de INASSA (Colombia) y EMISSAO (Brasil)”.

Es la compra de la primera de estas empresas la que desde hace meses ha sido minuciosamente analizada tanto por la UCO como por la Fiscalía Anticorrupción.  De estas investigaciones, a las que se opuso el ex Fiscal Anticorrupción Manuel Moix, se han ido aportando a los jueces instructores, primero Eloy Velasco después a Manuel García Castellón y al juez de refuerzo Diego de Egea, numerosos informes, pruebas documentales y testimonios en los que se vincula al gobierno presidido en el año 2001 por Ruiz Gallardón y a los Consejeros del Canal de Isabel II en múltiples irregularidades tipificadas en el Código Penal en el proceso de compra de esta empresa colombiana.

Estas investigaciones han dado como resultado que desde diciembre del pasado año estén siendo investigados la practica totalidad de los Consejeros del Canal que aprobaron la operación y un ex Consejero de Hacienda de Gallardón. A todos ellos se les ha tomado declaración a lo largo de los meses de enero y febrero de este año. Entre estos destacan los siguientes:

Arturo Canalda González, Gerente del Canal en el momento de la compra de INASSA y hasta que dimitió en enero del 2017, Presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Pedro Calvo Poch, ex Presidente del Consejo de Administración del Canal en el momento de la compra y ex Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Ruiz Gallardón. En la actualidad es miembro del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP.

Juan Bravo Rivera, ex consejero de Hacienda del Gobierno de Ruiz Gallardón. En estos momentos es el actual Presidente de ADIF.

Ahora, tras el reciente viaje del juez Castellón y la fiscal Ana Cuenca a Colombia, se ha conocido que hay que añadir al listado de formalmente investigados al propio Ruiz Gallardón y a 2 de los Consejeros de su Gobierno que participaron activamente en la operación: Carlos Mayor Oreja, ex Consejero de Justicia y expresidente del Canal y al ex Consejero de Presidencia Manuel Cobo. Todos ellos tendrán que declarar los próximos 5, 6 y 7 de junio.

Esta decisión no solo respalda el trabajo realizado por los anteriores fiscales - Carlos Yáñez Martínez y Carmen García Cerdá- que desde noviembre del 2016 solicitaron que Gallardón fuera imputado si no confirma lo que la UCO sostuvo en sus informes fechados el 7 de julio 2016 y el 10 de abril del 2017.

Y es que tanto la Fiscalía como la Guardia Civil, con el apoyo de varias conversaciones grabadas entre Ignacio González y varios interlocutores, en particular con Eduardo Zaplana, confirmaron al juez la existencia de numerosos indicios de criminalidad que apuntaban que en las irregularidades detectadas en esta compra fraudulenta se habrían cometido, al menos, los presuntos delitos de malversación y prevaricación cometidos por todos aquellos que dieron su visto bueno a la propuesta del Consejo de Administración del Canal, en particular, “a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón”, por entonces máximo responsable del Gobierno regional.

Dicho de otro modo, los investigadores concluyen que hay indicios claros de que los 73 millones de dolares ( 83 millones de euros) que se pagaron por Inassa son superiores al precio real de la compañía y que el visto bueno que dio el gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la compra como finalmente se hizo, a través de una empresa radicada en Panamá, y adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco. Además cuestionan  en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra en la  que el soporte documental fue cuando menos insuficiente.

Estos y otros indicios desmienten claramente la línea de defensa que hasta ahora publicamente ha mantenido Gallardón y que  explicó en su comparecencia del pasado 15 de diciembre ante la Comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid que se puede consultar en este enlace. Esa mañana con un entusiasmo desmedido, no exento de altivez, defendió la legalidad de la compra de Inassa a la que no dudó en calificar de ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y negó que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas.

Dicho esto, añadió que jamás tuvo conocimiento de que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa. Veremos si el próximo día 7 de junio se ratifica en las palabras que pronunció en sede parlamentaria ante un juez que conoce bien y que paradojas de la vida propuso en el año 2012 al Consejo de Ministros para que fuera nombrado juez de enlace en Italia. Tras su vuelta de su estancia en Roma se volverán a saludar aunque en circunstancias muy distintas.