El pacto de Bruselas, del que devengó el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alumbraba la consumación de otros pactos de Estado. Entre ellos figuraba el de la Junta Electoral Central (JEC), órgano que vigila los procesos electorales en el país y que lleva casi ocho meses con el mandato caducado por la falta de entendimiento de los dos grandes partidos. En las últimas semanas las posturas se acercaron y lo dejaron visto para sentencia, pero la intromisión de Miguel Tellado ha tirado por tierra los avances que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, habían cosechado, según informa El País. Su irrupción en las negociaciones no sólo ha truncado la renovación del organismo, sino también ha recrudecido las tensiones entre la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo y la número tres del partido.
Todo apuntaba a que la renovación sería efectiva para la última reunión del organismo antes del verano, agendada para los próximos 17 y 18 de julio. Al menos esas eran las intenciones de ambas partes antes de que Miguel Tellado irrumpiera en la negociación. Según publica El País, la justificación que ha esgrimido el portavoz parlamentario del Partido Popular para desbaratar la aproximación es que los términos de ese acuerdo resultaban demasiado favorables para el Partido Socialista, algo que, a su juicio, Génova no debería dar por válido. Lo cierto es que incluso de puertas para dentro de la JEC, la remodelación se daba por zanjada. Así lo transmitieron sus 13 componentes en la sesión del pasado lunes celebrada en el Congreso de los Diputados.
La Junta Electoral Central está compuesta por ocho magistrados designados por el Tribunal Supremo a través de una suerte de sorteo y cinco catedráticos y expertos en derecho y sociología nombrados por los partidos. Fueron convocados para analizar una serie de presuntos incumplimientos durante las campañas electorales tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. No obstante, aprovecharon la citación para comentar el estado de la negociación entre los dos grandes partidos.
El presidente del órgano, Miguel Colmenero, informó al resto de componentes que la renovación estaba prácticamente finiquitada. Dio parte de que las posiciones estaban cada vez más cercanas y que, a priori, para la última sesión antes del parón estival se podría anunciar el acuerdo e irse a las vacaciones con las tareas hechas. Según El País, al magistrado le habían trasladado esta información desde resortes próximos a la negociación, pero la situación dio un giro de 180 grados que nadie se esperaba ni en la Junta, ni en el Ministerio ni tan siquiera en el Partido Popular.
La intromisión de Tellado
Ninguno de los dos actores protagonistas ha querido dar su versión de los hechos que revela El País, pero lo cierto es que este viraje se explica en base a la mala relación y la divergencia de los posicionamientos de Tellado y Gamarra. El feedback que llega del órgano riman en consonante con lo que transmiten voces del Partido Popular. Al hombre de máxima confianza de Feijóo no le parecía razonable un acuerdo cuyos términos “le interesan y favorecen al PSOE”, por lo que entendía que no se podía conceder. La ruptura también ha pillado en fuera de juego a Moncloa, donde incluso afirman desconocer qué ha ocurrido con precisión.
En virtud de la Ley Electoral, las 13 designaciones de los vocales deben realizarse en los próximos 90 días a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, que se celebró el pasado mes de agosto y, por tanto, está su mandato caducado desde noviembre de 2023. Pese al vencimiento, el órgano ha arbitrado todo tipo de reclamaciones en los cuatro procesos electorales que se han registrado desde entonces, incluyendo una multa de 1.500 euros al presidente del Gobierno por sus declaraciones en la cumbre de Doha. En suma, los vocales se nombran por Real Decreto, a propuesta de las Cortes, aunque se mantienen en funciones hasta que tomaran posesión los entrantes.
Los ocho magistrados son coto de caza privado del Tribunal Supremo y en sus designaciones los partidos poco o nada tienen que decir. De hecho, la nominación es fruto de una suerte de sorteo, por lo que la nueva presidenta debería pasar a ser la magistrada más veterana, Isabel Perelló, de corte progresista y con cerca de cuatro décadas de experiencia a sus espaldas. Con el Poder Judicial pendiente de ser renovado -aunque aún caducado- dio cumplimiento de su obligación y envió en plazo la propuesta. De ella emanan tres vocales de la Sala de Lo Penal (Carmen Lamela, Javier Hernández y Miguel Magro), dos de Lo Contencioso-Administrativo (Ángel Ramón Arozamena e Isabel Perelló), otros dos de lo Social (Ángel Antonio Blasco Pellicer y Concepción Rosario Ureste) y uno de lo Militar (Fernando Martín Castán).
La negociación, por tanto, se focaliza en los cinco vocales expertos en derecho y sociología, que en su día fueron pactados por PP y PSOE con la estructura parlamentaria de la legislatura anterior. En aquel momento, los socialistas respaldaron dos nombres propios, mientras que Partido Popular, Vox y Podemos se repartieron los tres restantes. Con los resultados del 23J en la mano, los conservadores demandaban igualarse al PSOE con dos vocales, por lo que quedaría tan sólo uno de margen que está en disputa entre Sumar y Vox. Sumar no renuncia a él, pese a que la tercera fuerza parlamentaria descansa sobre el grupo ultraderechista.
El pacto se encaminaba hacia ese reparto equitativo que reclamaba el principal partido de la oposición, aunque dejaban el quinto en discordia para el socio minoritario de la coalición. Precisamente esto explica el desaire y la posterior intromisión de Tellado, que entiende que la formación ultra podría impugnar el reparto bajo la justificación de su representación en el Hemiciclo y la designación de nombres propios ahora está en stand by. La discrepancia entre Gamarra y Tellado ensancha la brecha entre sus divergencias desde hace meses. Una tensión interna que no escapa a nadie en Génova. De hecho, el último episodio de esa mala relación data del pasado viernes, cuando el portavoz parlamentario asistió a Valladolid para poner el colofón a la reunión de la Junta Directiva del PP provincial, tarea que normalmente recae sobre la Secretaría General o, en su defecto, algún colaborador de ésta.
