El Gobierno ha decidido hacer decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vencía oficialmente el próximo 31 de diciembre, al mismo tiempo que ha acordado con el PNV que las haciendas forales vascas puedan gestionar el tributo sobre la banca.
Así lo ha anunciado el PNV este miércoles en un comunicado, en el que ha detallado los acuerdos que ha alcanzado con el Gobierno en torno al proyecto de ley para fijar un tipo mínimo global del 15% para empresas multinacionales.
Junts aseveró que no apoyaría la permanencia del impuesto a las energéticas si esto perjudicaba una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona, y los nacionalistas vascos han informado que dicho gravamen finalmente decaerá "por factores ajenos" a su formación, ya que el PNV estaba dispuesto a aceptar su continuidad si se transformaba en un impuesto que fuera concertado en Euskadi y Navarra.
Los nacionalistas celebran que a través de enmiendas pactadas al proyecto de ley han logrado la concertación con capacidad normativa del nuevo tributo global y el de la banca, que serán así regulados por las haciendas forales. Asimismo, los vascos han acordado medidas normativas para "atajar el fraude del IVA en los hidrocarburos".
Eliminación del impuesto a la banca
Durante varias semanas, el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con todos sus socios a ambos lados del espectro político, encontrando la mayor oposición a los impuestos extraordinarios en el PNV y en Junts, partidos en sintonía con las grandes empresas y que rechazaban convertir en permanente el impuesto a la banca. Sus votos eran cruciales para sacar adelante cualquier cambio fiscal, de modo que los nacionalistas vascos y catalanes han logrado suavizar el bancario (y en el caso del PNV, absorberlo) y anular el energético evitando su prolongación más allá de su fecha de finalización original.
Estos impuestos se diseñaron con carácter temporal para extraer parte de los beneficios de las grandes empresas después de que crecieran significativamente aprovechándose de la inflación y de la crisis energética. Estuvieron en vigor en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, con una recaudación conjunta de aproximadamente 2.800 millones por año. Los planes del Gobierno, cuando la situación se estabilizase, pasaba por adaptar este gravamen bancario a los ciclos de crédito y a las subidas y bajadas de tipo, algo que ha recibido el 'ok' de los socios. En el energético, por otra parte, Hacienda quería incluir fuertes deducciones por las inversiones estratégicas, algo que, a su vez, rechazaban con rotundidad desde Sumar. Sin embargo, la fuerte presión del PNV y Junts y de gigantes del sector como Repsol ha logrado decantar la balanza y reducir el impacto de este impuesto.
Otros cambios fiscales también han sido pactados entre el Gobierno y los socios. En el debate se ha incluido el gravar la nicotina de los vapeadores, que hasta ahora no tributaban por el impuesto sobre las labores del tabaco. Del mismo modo, se estudiaba un cambio en el impuesto de los hidrocarburos para frenar las tramas relacionadas con el IVA.
