Me resulta difícil abordar temas de actualidad política y parlamentaria en nuestro país, España, sin expresar mi dolor y mi rabia por el daño irreparable e irreversible que está causando la Rusia de Putin invadiendo un país libre, democrático e independiente como es Ucrania.

Las imágenes de la destrucción, del horror de la guerra, de las personas que mueren inocentemente, los millones de refugiados que huyen de Ucrania para salvar sus vidas, de los niños, de las mujeres, de los mayores, del holocausto de Putin, no pueden pasar inadvertidas a ningún ser humano.

Vaya, en primer lugar, mi más enérgica condena a la invasión rusa de Ucrania y a las prácticas malvadas de un tirano como es Putin y mi apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano, además de expresar mi deseo de Paz, de Democracia y de Libertad y de un mundo unido que acabe pronto con esta barbarie.

Con un nudo en la garganta, quería referirme hoy a la aprobación de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, publicada en el BOE del pasado 1 de Marzo, en España, porque supone en la práctica la igualdad de oportunidades, para la accesibilidad universal y para proteger a ese índice del treinta y nueve por ciento del total de la población española que sufren una situación de vulnerabilidad en sus relaciones de consumo.

Una Ley que, como declara su preámbulo, vela por el cumplimiento del artículo 51.1 de la Constitución Española que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

En la práctica la nueva legislación viene a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Más allá de las consideraciones jurídicas de la nueva normativa, como aspectos más importantes para los ciudadanos, se amplía el tamaño de la letra en los contratos para que resulte más accesible a colectivos vulnerables, se aprueba el desarrollo reglamentario de un etiquetado en alfabeto braille para garantizar el acceso a bienes y productos de consumo de especial relevancia para personas ciegas y discapacidad visual; y se incluye en el texto, de forma expresa, la obligación por parte de las empresas de prestar los apoyos necesarios a los consumidores vulnerables, entre otras.

El impulso del Gobierno y del PSOE a esta ley responde también a una cuestión de justicia generacional, atendiendo las peticiones de los colectivos y plataformas de mayores.

Y por ello, quiere garantizar la presencialidad de los servicios de la banca para todas aquellas personas de mayor edad y para aquellos colectivos a los que el acceso a través de nuevas tecnologías les supone “un motivo de exclusión financiera”.

El Gobierno ha anunciado que impulsará, en un plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, sin discriminación alguna por razón de la conocida como brecha digital.

La pretensión es que el cierre de oficinas bancarias, que, en provincias como Zamora, a la que represento como diputado nacional, se ha convertido en un elemento más de marginación en el medio rural, no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales.

La norma también pretende garantizar la accesibilidad en etiquetados para personas con discapacidad visual y desarrollar reglamentariamente etiquetados que garanticen la exclusividad de las personas consumidoras vulnerables, partiendo de la consideración, como ha subrayado el propio Gobierno, de que cualquier persona "puede ser en cualquier momento, si no lo es ya, un consumidor o consumidora vulnerable”.

Otra de las novedades incorporadas en el trámite parlamentario es que se favorecerá la inclusión financiera de las personas de mayor edad. Adicionalmente, y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada.

En relación a ese concepto de “persona consumidora vulnerable” el nuevo texto del Gobierno, en el que ha puesto un empeño especial el Grupo Parlamentario Socialista, trata de consolidar esa figura con un marco legal que permita corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables: menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización.

Es evidente, que son ejemplos de grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información y para las que el Gobierno desarrollará medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar que toma las decisiones de consumo acordes con sus intereses.

El concepto de persona consumidora vulnerable en sus relaciones de consumo recoge todas aquellas situaciones en las que hay una desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales.

Y esa pretensión del Gobierno es la que quiero poner en valor, porque su objetivo es crear un paraguas jurídico que garantice que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. De la misma forma que establece un mandato a las administraciones públicas para orientar las políticas de consumo hacia estos colectivos más vulnerables.

Mientras tanto, la derecha se ha negado, siguiendo su manual de estilo, a apoyar estas medidas. Una norma que está pensada para mejorar la vida de los consumidores vulnerables. En definitiva, para mejorar la vida de las personas.