Seis meses después de que Pedro Sánchez obviara las palabras de Alberto Garzón con las que invitaba a los españoles a reducir el consumo de carne, con un "donde esté un chuletón al punto, eso es imbatible", el ministro de Consumo ha vuelto a ser desautorizado por el Gobierno de España tras su opinión sobre el sector cárnico en el país.
En una entrevista en The Guardian, Garzón cargaba contra las macrogranjas que hay por el país y aseguraba que este tipo de sectores "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".
Unas palabras que le han convertido en el centro de la diana y por las que algunos presidentes autonómicos, como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, e incluso el presidente de Aragón, Javier Lambán, no han dudado en pedir su renuncia.
En el caso del socialista, reclamó en redes sociales al Gobierno de España que Garzón "no puede ser ministro de España ni un día más", asegurando que "estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible".
Después del lío montado con las declaraciones del ministro de Consumo, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha salido al paso de las críticas, para justificar que la postura adoptada por Alberto Garzón es una opinión personal que nada tiene que ver con lo que se defiende desde el Gobierno de España.
Alegría ha defendido que las palabras del titular de Consumo se han realizado "a título personal" y ha defendido el papel del Gobierno con dicho sector: "La posición del Gobierno respecto a este tema se declaró el pasado 28 de diciembre con la aprobación de la Política Agrícola Común, con el apoyo al sector ganadero".
