En octubre de 2013 los barones del PP se comprometieron, con “la boca pequeña”, eso sí, a secundar la descabellada propuesta de María Dolores Cospedal de reducir el número de diputados en los parlamentos autonómicos en aras de un falso ahorro (ver cuadro comparativo), cuando la medida solo buscaba el beneficio electoral de la derecha. Quince meses después, la presidenta de Castilla-La Mancha se ha quedado sola, una vez más, y ha ejecutado en su región lo que ya conoce toda España como el “pucherazo electoral de Cospedal”, reduciendo el número de diputados de 49 a 33 e impidiendo que fuerzas minoritarias que no superen el 10 por ciento de los votos obtengan representación parlamentaria. “El golpe de Estado autonómico”, como fue catalogado por el líder de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García-Page, llevado a cabo por la secretaria general de los “populares” obligó al PSOE a presentar varios recursos ante el Tribunal Constitucional (uno desestimado y otro todavía por dirimir) para impedir lo que nadie se ha atrevido a hacer en `casi 40 años de democracia en España: cambiar las reglas del juego democrático en pleno partido.

Tratado de Roma y de la UE
Así las cosas, el coordinador de los diputados castellano-manchegos socialistas en el Congreso, Alejandro Alonso, ha anunciado la presentación de una Proposición no de Ley ante la Comisión Constitucional del Parlamento nacional para instar al Gobierno de España a que obligue a revocar el “pucherazo electoral de Cospedal porque vulnera varios de los Tratados Internacionales más importantes de los que ha suscrito España en esta materia”. Alonso ha recordado que la decisión unilateral de la presidenta de Castilla-La Mancha vulnera los principios del consenso y del plazo en el que no se puede producir modificaciones electorales que se recogen en el Tratado de Roma de la UE, y en los articulados sobre esta cuestión tanto por el Consejo de Europa como por la OSCE (ver PNL).

A siete meses de las elecciones
En este sentido, el diputado socialista subrayaba que el Tratado de la Unión Europea establece que no se pueden variar las normas electorales cuando quede menos de un año para un proceso. “Y si se hace, no puede aplicarse esa nueva norma en las siguientes elecciones”, señala Alonso, para seguidamente recordar que “en el caso de Cospedal lo ha hecho a solo siete meses de las elecciones” autonómicas que tendrán lugar el próximo 24 de mayo. El Tratado también recoge que ese tipo de legislación debe ser siempre fruto del pacto y del consenso político, como así lo establecen las regulaciones de Consejo de Europa y OSCE. Por todo ello, se pregunta “¿si esta es la regeneración democrática de la que habla el PP, porque a mí me parece degeneración y regresión democrática?”

El PSOE quiere que Rajoy dé la cara
Argumentos, como se puede ver en la PNL, sobran, por lo tanto solo falta que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, dé la cara y diga si “asume o no su función constitucional de comprometerse a que España cumpla con los tratos internacionales”, añade Alonso, “Rajoy debe revocar la decisión de Cospedal porque es injusta, antidemocrática y vulnera los citados acuerdos”. Aún es más, Alejandro Alonso ha advertido al PP que no van a dejar caer en saco roto su propuesta, a pesar de que el Grupo Popular goza de una amplia mayoría absoluta en la Cámara Baja. Y van a insistir porque la proposición esta "fundada en el derecho y avalada por ineludibles tratados internacionales”, ha recalcado.

En manos de García-Tizón
Sin embargo, el PSOE sabe que cuando llegue la Proposición no de Ley a la Comisión Constitucional, el PP será más beligerante de lo que ha sido hasta ahora ya que dicha comisión está presidida por un fiel servidor de María Dolores Cospedal, polémico como pocos, agresivo en su oratoria y, tal vez, el diputado mejor pagado (120.000 euros) de la Carrera de San Jerónimo, exceptuando la Mesa del Congreso (y no todos sus integrantes). Por eso, porque Arturo García-Tizón es parte implicada en el asunto (diputado por Toledo, presidente de la Diputación y del PP provincial, además de concejal en el Ayuntamiento capitalino) y porque su objetividad brillará por su patente ausencia, debería abstenerse y delegar en el vicepresidente primero de la Comisión, Juan Carlos Vera,  también del PP, para presidir la sesión, y aunque no prospere la iniciativa socialista al menos los conservadores habrán suavizado un poco el escandaloso apoyo que prestaron a Cospedal para que ésta asestara un “golpe”  posiblemente democrático, pero a todas luces inmoral.