La mayoría absoluta del PP ha rechazado en el pleno del Parlamento gallego la Proposición de Ley reguladora de la actividad de lobbies en la Comunidad. En declaraciones a ElPlural.com, el portavoz socialista de Política Institucional en la Cámara autonómica, Juan Díaz Villoslada, explicó que, si bien la actuación de estos grupos de interés ante los poderes públicos es legítima, necesita de un marco adecuado que garantice una información correcta de sus prácticas, de forma que “esta capacidad de influencia quede sometida a las exigencias de la transparencia y a un código de conducta que incluya prácticas y actitudes”.

Evitar la opacidad es primordial para poder garantizar el interés general, aseveró Villoslada, para “poder asegurarlo y fiscalizar con buen criterio la actuación de los poderes públicos, tal y como fue puesto de manifiesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de la Comisión Europea o el Consejo de Europa, y son numerosos los poderes públicos que ya han regulado en los últimos años esta actividad”

En el conjunto del Estado, al contrario de lo que sucede en Galicia, aseguró el socialista, en “Cataluña se inició la legislación en el año 2014. Además se sumaron Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha. Sin embargo, Valencia es la Comunidad que más ha avanzado en términos legislativos”.

En estos momentos, en la autonomía estamos viviendo un tema de primera mano con la patronal del juego, expresó Villoslada, ya que “mantuvo reuniones tanto con el ejecutivo como con legislativo, para presentar sus números e ideas de por donde consideran que debe orientarse la legislación autonómica, justo en el momento en el que Feijóo tiene que crear la normativa”.

En este sentido cabe recordar, aclaró el portavoz, que “los poderes públicos están obligados a facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, bien directamente o mediante representantes, tal y como establece la Constitución Española en los artículos 9.2 y 23. Además de garantizar en el artículo 103, la objetividad de la Administración pública en la consecución del interés general y la imparcialidad del personal funcionario en el ejercicio de su cargo”

Puertas giratorias

El presidente del Consejo Gallego de la Competencia identificó, en una comparecencia en el año 2015, a tres grupos de interés potentes en la comunidad: la cadena del sector lácteo, el de la energía y el de la distribución de carburantes. Además, fuentes consultadas por este medio, concretaron que, en el ámbito de las infraestructuras viarias, como es el caso de todo lo que rodea a Autopistas del Atlántico, S.A (Audasa), han marcado la agenda de las obras públicas autonómicas, ya que los lobbies tienen una gran capacidad de influencia en el poder ejecutivo, sobre todo en los gobiernos con mayoría absoluta como el gallego. Sirva de ejemplo, concretaron, que se ha invertido más dinero en infraestructuras que en fibra óptica.

Para concluir cabe destacar que con esta negativa del gobierno de Feijóo, también se pierde la oportunidad de poner límite a uno de los casos más graves de “puertas giratorias” en Galicia, como es el de ENCE, empresa dedicada a la transformación de madera procedente de cultivos forestales para uso industrial, en cuyo consejo de administración figuran Isabel Tocino y Carlos del Álamo, que ocupaban las carteras de Medio Ambiente en los Gobiernos central y autonómico, respectivamente, en los años en los que la compañía fue privatizada.