El 20N, 50 aniversario de la muerte de Franco, ha puesto a los políticos en la tesitura de pronunciarse sobre la dictadura y sus consecuencias. Esta etapa gris de la historia reciente de España, que sometió violentamente a todo un pueblo a la voluntad de un régimen autoritario, cuyas improntas han dejado un país con 6.000 fosas comunes repartidas por todo el territorio, parece no suponer una grave cuestión para algunos representantes de la clase política actual, como es el caso del Partido Popular, quienes miran al franquismo con ojos de benevolencia.
Durante la mañana del 20N, en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, defendió las infraestructuras hidráulicas realizadas por el franquismo en los años de la dictadura - proyectos iniciados en el siglo XIX, continuados durante la II República y finalizados por la administración Franco -, interpretando como algo bueno que se puede sacar de aquella etapa negra. Más concretamente, Catalá dijo en el programa de radio que fue “una etapa de la historia que tiene sus lados positivos y negativos”, manteniendo en todo momento que “hay que mirar al futuro”. A su parecer, la historia hay que analizarla “de forma sosegada y tranquila”, sin “revanchismo”, añadió.
Alianza Popular y la postura histórica del PP
El discurso del Partido Popular sobre la figura de Franco se caracteriza por una indulgencia que apela la inacción de las instituciones frente a las tropelías y crímenes cometidos por el franquismo. “¡Qué pereza dan!", sentenció Alberto Núñez Feijóo en el Comité Ejecutivo nacional del Partido Popular el pasado año, considerando una “amargura” las iniciativas en materia de Memoria Democrática llevadas a cabo por el Gobierno de coalición.
Es comprensible que los populares no sientan el deber de denunciar las injusticias perpetradas por el régimen, sobre todo, porque cabe recordar que, entre los 20 diputados que se opusieron a la aprobación de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 1978, 8 de ellos eran de Alianza Popular -germen del posterior PP-, entre ellos, Manuel Fraga Iribarne, quien posteriormente ostentó el cargo de presidente de la Xunta de Galicia durante 15 años entre 1990 y 2005.
Un historial de negación del franquismo
El doble rasero del Partido Popular con respecto a la dictadura, es una cuestión que arrastra desde sus orígenes y ha desarrollado a lo largo de toda la etapa democrática española. En 1999, el Gobierno de José María Aznar tuvo que enfrentarse a la primera prueba de fuego para transmitir la verdadera relación emocional que el PP tenía con Franco, más de dos décadas después de su fallecimiento. El Congreso votó una proposición de Ley para condenar el “golpe fascista criminal contra la legitimidad Republicana”, a lo que los populares votaron en contra.
En 2002 y con mayoría absoluta obtenida en los comicios del 2000, Aznar intentó dejar atrás sus permanentes abstenciones y sus actitudes esquivas para condenar la dictadura franquista. Fue el 20 de noviembre de 2002 cuando en la Comisión Constitucional hubo unanimidad para votar a favor de una resolución que incluía "condena y repulsa" del uso de la violencia "para imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos". En este contexto, se señaló directamente a la dictadura franquista, pero no se mencionó a Franco, ni el golpe de Estado de 1936, ni la represión desatada entre 1939 y 1975.
Solo un año después, Aznar se aleja del antifranquismo, ya que los partidos de izquierda y nacionalistas no cesaron en sus empeños de forzar una posición clara del PP contra la dictadura franquista. En 2005, los populares, ahora en la oposición, expresaron su negativa en el Congreso ante la retirada de la última estatua en pie de Franco, ubicada en Melilla y retirada finalmente en 2021. En 2007, el PP liderado por Mariano Rajoy votó en contra de la Ley de Memoria; en 2013, también se mostró contrario a la propuesta de Izquierda Plural en el Congreso de declarar el 18 de julio como Día Oficial de Condena a la Dictadura; En 2015, los populares se quedaron solos en el Congreso en un intento de rebautizar calles y plazas con nombres de colaboradores del dictador; en 2017, el PP se abstuvo de una proposición de Ley del PSOE para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador. La lista aumenta con inclinaciones del mismo corte en asambleas autonómicas, ayuntamientos donde el Partido Popular ejerció o ejerce gobierno, así como en diversas organizaciones vinculadas al signo político.
Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes
Síguenos en Google Discover