Tras la reunión celebrada para negociar los servicios mínimos para la huelga de mujeres de próximo 8 de marzo, entre representantes sindicales y la Xunta de Galicia, la Central Intersindical Galega (CIG) ha denunciado que la propuesta presentada por el gobierno que dirige Núñez Feijóo es, igual que la presentada el año pasado, “abusiva”. En un comunicado el sindicato ha subrayado que solo están llamadas a la huelga las mujeres, al tiempo que exige que “aquellos servicios mínimos que tengan que ser decretados, sean cubiertos por hombres siempre que sea posible”.

Asimismo, la secretaria de organización, Susana Méndez, ha recordado que el decreto del año pasado fue anulado por los tribunales y ha afirmado que “están hartas der ver como decretos de servicios mínimos que consideran abusivos, también se anulan desde la justicia por excesivos y por vulnerar el derecho de huelga”

Del mismo modo, Méndez, ha pedido que no se publique el decreto “a menos de 20 horas antes del comienzo de la huelga”, como ocurrió el año pasado. Algo, ha recordado la responsable, que se recogió en la sentencia como “abuso de la posición de autoridad de la Administración”, por ser publicado con tan poca antelación y una semana después de haberse negociado “limitando el derecho de impugnación y la misma acción del tribunal para dictar las medidas cautelares”

Más servicios mínimos que en 2018

La sindicalista, también ha incidido en lo “curioso” que resulta que, con respecto a los mínimos decretados el año pasado y anulados por abusivos por la justicia, de esta vuelta se recojan más efectivos en sectores y categorías que, además, son esencialmente desarrolladas por mujeres. En concreto ha citado residencias de la tercera edad o centros de atención a dependientes, donde se incrementa el personal de cocina, al igual que el de camareras y el de limpiadoras.

Con todo, siendo esto grave, para la secretaria de Organización de la CIG lo es más que se establezcan en centros o puestos de trabajo que “no tienen carácter de esencial”, como en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra o en la Planta de Clasificación de Materiales de Cerceda, por ejemplo. De igual manera sucede con el servicio del 112, en el que la sentencia del año anterior los anuló por decretar un número de efectivos mayor a los de una jornada ordinaria, y en el de ahora ha denunciado “pretenden que sea esencial el personal de formación o el de comunicación, prensa e imagen”.

Para terminar la CIG también ha alertado de los excesos que se pretenden establecer para el servicio de transporte de viajeros y para el transporte funerario.