El portavoz del Área Institucional del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Juan Díaz Villoslada, ha alertado del número de contratos de la Xunta utilizando el procedimiento abierto. Es decir, "se ha reducido desde los 800 millones a los 450 millones, entre los últimos ejercicios conocidos, los años 2016 y 2017”, ha explicado Villoslada a este medio.
Esto supone, ha advertido el socialista, que “el volumen de contratación por procedimiento abierto, el ordinario de máxima concurrencia competitiva, se ha disminuido al 50%”. A esto hay que añadir, ha categorizado el portavoz, la bajada global del importe licitado que “ha pasado de 1847 millones de euros en el ejercicio del 16, a los 1672 millones en el del 17. Esta disminución de casi 200 millones de euros incide negativamente en términos de economía y empleo”
Además, ha advertido el responsable del Área Institucional del Grupo Socialista, el gobierno que dirige Feijóo ha elevado “el uso de los contratos menores, que suponen un 60% de las adjudicaciones registradas en el 2017, y que adicionalmente se engrosaron desde los 868 hasta los 925 millones de euros entre el 2016 y el 2017”.
Esta situación deriva de la decisión del gobierno gallego de ampliar el límite mínimo para la adjudicación de este tipo de contratos, ha aclarado Juan Díaz, ya que “entre 2013 y 2017, duplicó el límite de los 9000 euros para contratos de servicios y suministros y de 25000 para obras, a 18000 y 50000, respectivamente”.
Si bien es cierto que son útiles para las administraciones locales, ha asegurado el político, resulta contradictorio que “el gobierno gallego lo esté criticando permanentemente en los ayuntamientos, mientras que para ellos es una práctica habitual”.
Para terminar, Díaz Villoslada, ha reprobado el retraso del gobierno de Feijóo, que “hasta ahora no había publicado en la web de transparencia los importes de los contratos correspondientes al año 2017, coincidiendo precisamente con el debate de una pregunta presentada por el Grupo Socialista en Comisión, cuando de acuerdo con la Ley de Transparencia, a estas alturas ya deberían de ser conocidos los datos de contratación correspondientes al año 2018”.
