Un 14 de Febrero del año 2009, en plena campaña electoral a la presidencia de la Xunta de Galicia, Feijóo se desató ante 12.000 personas con una promesa trascendente: “vengo a decirle a mi partido que hablo sin siglas, ni el PSOE, ni el Bloque, ni el PP, mis únicas siglas son Galicia, Galicia y Galicia”. Aquel propósito de intenciones que categorizó el que sería el futuro presidente entre vítores, cánticos y hasta una pancarta que rezaba “we love Alberto” en el Día de los Enamorados, se ha quedado en papel mojado con respecto a sectores productivos prioritarios para la comunidad, como el agrícola y el ganadero, no favoreciendo proyectos de impacto social y económico. En este sentido, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Galicia (UPA-Unións Agrarias), ha reclamado al ejecutivo autonómico tres medidas básicas para salvar a una parte del sector primario, el agrícola y el ganadero, que constituyen el eje vertebrador de la comunidad. Las disposiciones giran en torno “a la creación de un futuro viable para la ganadería, un plan estratégico efectivo para el lácteo, así como la implicación directa del gobierno presidido por Feijóo en el cumplimiento del Plan Forestal”, ha explicado García.
Incorporación de base territorial para reducir costes
“La ganadería sostenible pasa por la incorporación de base territorial abandonada para reducir costes”, ha concretado el responsable sindical. En este sentido hay que recordar que Galicia tiene casi 600.000 hectáreas de tierras productivas que están sin cultivar. Esta tierra útil no se está entregando a las explotaciones que la demandan, cuando es la manera de bajar los precios de producción, ya que capacita a los ganaderos a producir el alimento necesario para los animales. En estos momentos, ha aseverado García, las tierras que se incorporan son marginales, por lo que es necesaria “la creación de un régimen de alquileres justos, además de incentivos económicos reales, entre otras”. En definitiva, ha sintetizado el secretario general, “Galicia necesita que el gobierno autonómico ponga a disposición de los agricultores y ganaderos en activo tierra para expandir la producción; por lo que resulta imprescindible que se regule desde la Administración el cupo de renta ajena a su pensión, que pueda percibir una persona”.
Plan estratégico lácteo
La principal reclamación del sindicato agrario pasa porque la evolución al alza del mercado lácteo llegue al precio que cobran los ganaderos gallegos, ya que los productores de la Comunidad siguen a la cola en España y Europa en los precios que perciben, con un diferencial que va en aumento. El líder sindical ha detallado que “los ganaderos gallegos cobran casi cinco céntimos menos que lo que perciben de media los europeos por su leche. Si estos datos se tradujeran a euros, los productores gallegos hubieran cobrado 113 millones de euros más por la leche vendida en los últimos doce meses, si lo hubieran hecho a precios europeos”. Además, en esta línea, García ha destacado que la evolución de la producción en Galicia, a pesar de la reducción del número de explotaciones, "sigue siendo superior al 3,5 por ciento, muy superior a la de otras comunidades autónomas, con un estancamiento en casi todas, salvo Castilla y León y Andalucía". En este contexto, ha puesto sobre la mesa la “necesidad de cambiar las reglas de juego, obligando a la industria a negociar con las organizaciones de productores. De este modo, la industria ya no podrá negociar a título individual con cada ganadero, con las consiguientes presiones a los que los pueden someter. En esta línea, García, ha pedido a la Xunta que garantice la "persecución de la venta a pérdidas" --el pago de la leche por debajo de costes de producción--, y ha hecho énfasis en que trabajar bajo costes "implica riesgos para la seguridad y la calidad".
Implicación en el cumplimiento del Plan Forestal
La llegada al sector forestal gallego de la especie de ‘Eucalyptus’ está siendo un nuevo factor de presión sobre la forestación de tierras agrarias que van cesando en la producción agraria, o que hasta ahora estaban abandonadas sin aprovechamiento. En la actualidad esto genera un problema de accesibilidad a la tierra para la ampliación de la base territorial de las explotaciones. La normativa vigente de Montes de Galicia establece que no es legal la forestación de ningún terreno con clasificación, sobre todo agrarios, con pinos o eucaliptos, bajo ningún supuesto.
A pesar de que el incumplimiento de esta Ley está considerado como “falta grave” y pasaría a ser sancionable con multas, la realidad es que no está teniendo el efecto deseado en la ordenación del espacio rural. Las causas se encuentran, ha argumentado Roberto García, en que “desde el ejecutivo de Feijóo no se actúa de oficio, y se espera a que haya denuncias expresas, entre vecinos, lo que supone una fuente segura de conflictividad social que siempre es indeseable”. Lo que pedimos a la Xunta, ha terminado el responsable sindical, es que “a través del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), donde se pueden ver los lugares en donde existen plantaciones ilegales, la Xunta actúe de oficio”
