Proliferan los fraudes por la compraventa de mascarillas en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus. Para conocer el último hay que viajar hasta Las Palmas, donde el Juzgado de Instrucción número 5 insular ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios. El motivo radica en fraudes al fisco en materia de beneficios obtenidos por el comercio de productos sanitarios al Servicio Canario de Salud. Entre la terna de acusados, según publica El País, se sitúa un ex alto cargo del Partido Popular de Canarias, exalcalde de Santa Brígida y exconsejero del Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo. Junto a él operaba, según la denuncia, el actual presidente y propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

El Ministerio Público esgrime en su escrito de denuncia que el Servicio Canario de Salud pagó 15,8 millones de euros durante el primer año de pandemia a la empresa Damco, cuya sede fiscal está en Madrid y que, hasta ese mismo 2020, carecía de actividad. Los balances de la firma recogen ingresos por valor de 1.299 euros en 2019 y 0 en el ejercicio anterior. Sin embargo, en 2020 obtuvo récord de facturación con un total de 18 millones. Damco y Tanoja, cuyo administrador único es Noel Jamal, cobraron de la institución insular un total de 22,9 millones de euros por la venta de mascarillas y demás material sanitario para su distribución en hospitales de la isla.

Del total de la cantidad facturada por una empresa de Madrid, sin ninguna experiencia en el comercio de equipos sanitarios de protección y carente de actividad en ejercicios anteriores a 2020, 9,1 millones engordaron las cuentas de tres empresarios, a quienes la Fiscalía considera intermediarios.

Uno de ellos, Miguel Ángel Ramírez, se embolsó 9,1 millones de euros a través de su empresa Tabaiba -sin actividad hasta 2020-; ganancias que repartió con la empresa de Lucas Bravo de Laguna, que entre 2020 y 2021 percibió más de 2,3 millones de euros. Los beneficios de ambos fueron declarados a la Agencia Tributaria con arreglo al RIC, incentivo fiscal canario que permite no tributar hasta el 90%  de los dividendos netos. Y es que, según consta en la denuncia de la Fiscalía a la que alude El País, ambos “ocultaron percepciones elevadas de rentas que no obedecen al desarrollo de una actividad económica”, sino a meros “contactos personales de Ramírez y Bravo”.

Vínculos con el PP

Uno de los dos acusados, concretamente Bravo de Laguna, fue alcalde popular en Santa Brígida; un municipio de 18.510 habitantes, el municipio con la renta más alta del archipiélago. Además, fue consejero del Cabildo de Gran Canaria e hijo de José Miguel Bravo de Laguna, expresidente del Parlamento de Canarias, del Cabildo insular, exdiputado en el Congreso y exlíder del PP en las islas, así como actual alcalde de Santa Brígida. Padre e hijo abandonaron las siglas conservadoras para fundar Unidos Por Gran Canaria, formación con la que Lucas consiguió un escaño como diputado regional la pasada legislatura tras coaligarse con Coalición Canaria.

Ramírez, por su parte, es uno de los popes del mundo empresarial canario, dedicándose prácticamente en exclusiva al ámbito de la seguridad y los servicios a otras compañías. Sobre él han sobrevolado diferentes controversias judiciales. En 2010, de hecho, fue condenado a tres años de prisión por un delito de ordenación del territorio, aunque obtuvo el indulto del Gobierno del Partido Popular. Tras ello, se vio salpicado por una causa de fraude fiscal, siendo citado por el juez Salvador Alba, que sustituyó a Victoria Rosell al dar el paso a la política al amparo de Podemos. El magistrado le concedió su ayuda a cambio de colaborar contra Rosell. Ramírez grabó la conversación sin que su interlocutor lo supiera, por lo que este último acabaría condenado a seis años de prisión por conspiración.

Otros posibles delitos

Según consta en la querella de la Fiscalía a la que hace referencia El País, no se descarta que además de los delitos de “defraudación tributaria enumerados” se pudiesen incluir “indicios de blanqueo de capitales, corrupción y malversación”. La denuncia del ministerio público acredita que las empresas tanto de Bravo como de Ramírez no contaban con experiencia en el sector sanitario y “carecían de activo y de personal para desarrollar la actividad supuestamente realizada, además de tener objetos sociales distintos al correspondido”.

Por lo tanto, la Fiscalía concluye que quienes cobraron de la firma Damco esos 9,1 millones por la “supuesta prestación de servicios” no han podido acreditar que los hicieran y, por el contrario, consta que fueron asumidos por Damco”. “La necesidad de intervención de Ramírez y Bravo de laguna no se vislumbra en forma alguna, no asumieron riesgo alguno por la actividad empresarial que dicen haber desarrollado […]. Sus empresas no han asumido riesgo alguno puesto que en caso de que las mascarillas no llegaran o lo hicieran defectuosamente lo asumía Damco”, explican en el escrito, donde no precisan el sistema a través del cual el Servicio Canario de Salud adjudicó los contratos millonarios durante los ejercicios 2020 y 2021. 

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