El PP continúa poniendo excusas para no condenar los ya casi 200 ataques sufridos por las sedes del PSOE en los últimos dos años. Han sido 183, para ser exactos, las ocasiones en los últimos dos años en las que las Casas del Pueblo han aparecido apedreadas o pintadas con términos como "corruptos", "puteros", cocainómanos", "traidores", "ladrones" y otras lindezas. Un lenguaje de odio que nace en la política nacional y que se siente alarmantemente en las sedes locales. 183 agresiones en apenas dos años se traducen en la friolera de un acto vandálico cada tres días y medio desde noviembre de 2023. El más reciente de todos ellos ha sido el sufrido en Vera (Almería), que ha provocado una oleada de solidaridad entre los socialistas municipales pero también ha despertado la exigencia de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, condene expresamente y sin matices estas agresiones.

"En democracia, la violencia política no se tolera, no se blanquea y no se ignora: se condena. Y sin embargo, desde el Partido Popular no ha habido ni un solo gesto público, ni un comunicado, ni una declaración institucional que repruebe los ataques a las sedes socialistas. Ni ahora, ni en los 182 casos anteriores", expresan desde la formación progresista. "Callar es permitir y mirar para otro lado es justificar", insisten desde el PSOE, que no oculta su frustración ante lo que perciben como una connivencia pasiva de la derecha con el acoso político.

Silencio cómplice y excusas del PP

Esta campaña de hostigamiento ha contado con el "silencio cómplice" de un Partido Popular que, si bien admite que "toda agresión se merece una condena", no duda en descargarse de cualquier atisbo de responsabilidad para, por supuesto, atribuirle las culpas a Pedro Sánchez. Esta es la línea a la que se han abonado en Génova y que su vicesecretario de Hacienda, Economía y Vivienda, Juan Bravo, ha escenificado esta misma semana.

Tras el último atentado en la sede almeriense de Vera, el gurú económico de Alberto Núñez Feijóo acudió a la llamada de Espejo Público para repasar la actualidad, algo dormida por el verano, y hablaron de lo ocurrido en la sede andaluza. Bravo condenó, efectivamente, la vandalización de la casa del pueblo socialista de Vera. Lo hizo a su manera, claro, minimizando el impacto democrático que supone un ataque de tales magnitudes. De hecho, según concluía su reproche, teledirigía su ofensiva contra el presidente del Gobierno al hacerle responsable del clima de polarización política que vive el país.

"Ante cualquier agresión tiene que haber una condena", comenzaba el vicesecretario de Hacienda, Economía y Vivienda, antes de dar una severa corrección a su rumbo. Bravo, de inmediato, descargó la responsabilidad que le atribuyen desde Ferraz al Partido Popular, para reorientarla hacia Pedro Sánchez, a quien culpan de "marcar los muros" en su momento. De hecho, puntualizó que fue el propio jefe del Ejecutivo central el que dijo que "había un muro". "Los que estaban dentro de su muro y los que estaban fuera. Fue el primero que, de alguna manera, buscó esa confrontación", justifica el dirigente conservador, sugiriendo que sus siglas reivindicaron desde el primer día de tender "puentes".

"Llevaba la falda muy corta"

La respuesta del PSOE a estas declaraciones de Bravo tampoco se hizo esperar, y fue el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el encargado de darla. "Llevaba la falda muy corta", ironizó el ministro de Transportes en una publicación en X como réplica al titular "El PP culpa a Sánchez de los ataques ultras a las sedes del PSOE: ‘Marcó los muros'" de este mismo medio de comunicación.

 

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