El caso de Villablino ha saltado a los medios nacionales por las particularidades que rodean a su Ayuntamiento. Esta pequeña localidad leonesa (8.900 habitantes) es la única que tiene todavía pendiente constituir su Ejecutivo local en toda la provincia de León, y están recibiendo ya los avisos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que apremien en resolver dicha situación. Por ello, conviene conocer los motivos que les han llevado a este bloqueo.

El resultado electoral dejó en este municipio un claro triunfo de la izquierda, con el PSOE como ganador de los comicios con 1.862 votos y 6 ediles, y Podemos en segundo lugar con 1.305 apoyos y 4 concejales. Cierra el mapa político el PP, con 3 ediles y 1.028 sufragios. Resultados que invitan a pensar que el bloque de izquierda tiene claras facilidades para constituir el Ayuntamiento, pero es aquí cuando se abre paso la polémica. 

La sección de Podemos-IU en Laciana, la comarca en la que se ubica el municipio de Villablino, ha anunciado esta semana la presentación de un recurso extraordinario de revisión y reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con motivo de la existencia de 738 papeletas del PSOE en las que aparecían invertidos los apellidos de la candidata número siete. Sin embargo, se ha conocido que el TSJCyL ha desestimado el recurso y ha ratificado la decisión adoptada previamente por la Junta Electoral Central, consistente en aceptar y dar validez a estas papeletas a pesar del error de impresión que contenían. Sin embargo, la coalición ha anunciado que mantendrá la batalla y continuarán en sus esfuerzos para lograr la revocación.

“Vamos a intentar que se haga legítimo el proceso y que se cumpla la legalidad, porque no se han seguido con esas papeletas los cauces que se tenían que haber seguido. Queremos que quede aclarado que las papeletas no fueron validadas en ningún momento por la Junta Electoral de zona de Ponferrada, que es el único órgano autorizado para darles legitimidad. La información remitida es incompleta”, argumentó la candidata a la Alcaldía, Silvia Mozo.

Para el portavoz de la coalición, Oli Vega, lo ocurrido supone “un escándalo sin precedentes en este país. No queremos alargar el procedimiento por capricho sino porque no está haciendo justicia real”: “Vamos a exigir al TSJ que reciba toda la documentación y emita una sentencia”, expresó, además de manifestar su "total convencimiento" de que la información que utilizó la sentencia fue "incompleta" y de remarcar que "disponen de documentos que lo pueden demostrar".

Por su parte, el alcalde del municipio, el socialista Mario Rivas, ha preferido no hacer declaraciones al respecto, más allá de lamentar que "se cuestione no sólo el sistema electoral, sino también las resoluciones judiciales". 

Quiebre en las negociaciones de la Diputación

A su vez, la situación en la Diputación de León también es peliaguda. Su presidente en funciones, Eduardo Morán (PSOE), se ha apartado de las conversaciones con la Unión del Pueblo Leonés (UPL) para alcanzar un acuerdo en la institución provincial. ¿El motivo? Morán ha recibido un veto por parte de los leonesistas al considerarle "responsable de los incumplimientos" del pacto entre PSOE y UPL, alcanzado en 2019 y que la formación leonesista rompió el año pasado.

"No he estado en ninguna reunión y no tengo pensado estar en ninguna de ellas", ha asegurado Morán, quien también hace las veces de alcalde en el municipio de Camponaraya. Morán ha asegurado que "es el partido, y en concreto el secretario general, Javier Alfonso Cendón, los que se encargan de todas las negociaciones. "No quiero convertirme en un obstáculo para que mantengamos la Diputación, por eso me pongo a disposición del partido y haré lo mejor para la provincia de León y para el PSOE", ha zanjado.