La vivienda lleva siendo, desde hace ya largo e indeterminado tiempo, uno de los asuntos centrales del debate social en España. Las dificultades para acceder a un inmueble, ya sea en alquiler o compra, se han convertido en la norma para millones de personas, y una de las propuestas que han nacido al calor de este clamor ha sido el decreto para prorrogar los contratos de alquiler y congelar su precio. Sumar le rascaba este texto al PSOE en el Consejo de Ministros extraordinario, evitando que fuese integrado en el decreto anticrisis de la guerra en Irán, y esta semana, ha sido tumbado por el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP, Vox y Junts. Los progresistas, no obstante, no se rinden, y ya han avisado de que buscarán vías para poder sacar adelante el texto, incluso refiriéndose de nuevo al Consejo de Ministros. Los de Díaz se han abanderado de esta causa, ante un PSOE que rema a favor en este sentido, pero a otro ritmo. Calma es la palabra más repetida desde Ferraz cuando sale el tema.
Todo comenzaba hace dos meses, cuando los responsables ministeriales se reunían en cónclave para confeccionar el decreto para paliar los efectos de la guerra en Irán. En su contenido original se encontraba este decreto, pero Sumar se rasgó las vestiduras y plantó al PSOE para que se convirtieran en dos textos separados. ¿El motivo? Que las probabilidades de que el texto original prosperase incluyendo el apartado de vivienda eran menores que si se separaba, y darle la importancia correspondiente al asunto de los alquileres, no dejando que se pierda entre otras muchas iniciativas de carácter más generalista. Fue aprobado en el Consejo de Ministros y se debatió y votó esta semana en el Hemiciclo, con un resultado previsible: no. Tras esta primera derrota, los planes de Sumar vuelven a ser llevarlo al Consejo de Ministros y repetir la operación, pero desde el PSOE existen ciertas reticencias y piden, por ahora, prudencia.
Mientras que los magentas abogan por redoblar la presión con la prórroga de alquileres y dar pasos orientados a traerla de nuevo al Congreso, el ala socialista del Ejecutivo no lo ve con malos ojos, pero recetan operar con más calma. El PSOE aboga por explorar primero si existen apoyos suficientes en los grupos para sacarlo adelante, y fuentes del Ejecutivo explican que para cualquier 'plan B' hay que hablar primero con los socios de investidura y que siempre van a estar dispuestos a hablar con los grupos, en especial con Junts y PNV, que el martes rehusaron votar a favor del decreto de vivienda, uno con voto en contra y el otro con la abstención. Ante un texto revisado y con otro articulado, otro gallo podría cantar. En el ala gubernamental del PSOE replican a las críticas vertidas por Sumar al reivindicar su total implicación en las conversaciones para tratar de aprobar la prórroga, pero recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó que no se contaban con los votos necesarios con la actual aritmética parlamentaria. Mientras, en el lado de Sumar contraponen que no hay que enfriar las opciones de retomar el decreto de vivienda y llaman a la movilización social contra la decisión de PP, Vox y Junts, que, contrarios a la voz de la calle, han rechazado una medida que obtiene amplio apoyo social, concretamente, de 7 de cada 10 españoles (73%).
Díaz llama a una "gran movilización" sobre los alquileres
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, trasladó este sábado, tras la caída en desgracia del texto, un mensaje de "absoluta esperanza" a la ciudadanía en cuestión de vivienda, llamando a una "grandísima movilización" este mes. "No nos vamos a rendir", advirtió la dirigente magenta.
"El principal problema de España se llama vivienda. Las normas se pueden perder en el Congreso de los Diputados, pero está ganada en la calle esta norma. Todo el mundo ha de unirse porque va a haber una grandísima movilización en mayo", señaló ante los medios de comunicación en A Coruña, refiriéndose, precisamente, al apoyo social con el que contaba y cuenta la iniciativa. Reiteraba Díaz también que Sumar estuvo "negociando con todas las formaciones políticas". "No fue por nosotros", insistió, por lo que precisaba que seguirán negociando cuanto sea necesario.
La ministra de Trabajo remarcaba que los votantes de todos los partidos, incluidos PP, Junts y Vox, "dicen que quieren que este decreto se apruebe" y señalaban la vivienda como un problema nacional claro. Con este telón de fondo, Díaz se preguntaba, con ironía, "cómo es posible que los votantes del PP, de Vox, de Junts digan que quieren que se apruebe esta norma y sus partidos los abofeteen votando en contra". "¿Cómo no va a haber desafección ciudadana cuando las formaciones políticas están completamente alejadas de lo que desean sus votantes?", se cuestionó la dirigente gallega. A Coruña, donde dio estas declaraciones, es una zona tensionada, y la aplicación de la Ley de Vivienda permite prorrogar un contrato de alquiler "durante cinco años más o menos al mismo precio", lo que contrasta con otras ciudades donde no existe este mecanismo y se puede incrementar hasta un 50%. "Esta norma sirvió para salvar a miles y miles de personas. Y vamos a volver a hacerlo", garantizó convencida la titular de Trabajo.
"Lo que quiere la extrema derecha es que la gente piense que la política no vale para nada, y la política vale para mucho; vale para congelar las rentas de arrendamiento, vale para favorecer la economía social, vale para que tengamos empleos dignos, vale para que tengamos un poco de esperanza. Nada de rendirse", concluyó.
Reivindican a Bustinduy como "el verdadero ministro de vivienda"
En la misma línea de presión al PSOE y haciendo suyo este asunto, desde Sumar, concretamente en palabras de su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, reivindicaban que quien está ejerciendo políticas de vivienda es realmente el titular de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, y no la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Bustinduy, desde su cartera, impuso una multa millonaria a Alquiler Seguro después de detectar graves irregularidades en su funcionamiento que, de no haber sido atajadas, hubieran favorecido mecanismos claros de especulación inmobiliaria y de vulneración a los derechos de los consumidores.
Barbero aseveraba este sábado que quien ejerce realmente como ministro de Vivienda es el magenta, y no Isabel Rodríguez. "Aquí el que está ejerciendo de ministro de Vivienda, al menos con medidas efectivas que se notan en la calle y poniendo cota los especuladores, es Pablo Bustinduy", aseguraba. Al mismo tiempo, lanzaba un aviso a su socio de Gobierno para que "se ponga las pilas" en materia de vivienda y pelee en las negociaciones para aprobar un decreto que prorrogue los contratos de alquiler.
La prórroga del alquiler cuenta con el apoyo de 7 de cada 10 españoles
La medida que el Congreso de los Diputados ha tumbado cuenta con un respaldo mayoritario en la calle. Tres de cada cuatro españoles, un 73,6%, están a favor de la prórroga de los contratos de alquiler incluida en el Real Decreto-ley 8/2026. Es la cifra que revelaba un estudio del Ateneo del Dato: tres de cada cuatro españoles ven con buenos ojos la extensión de los contratos de arrendamiento en vigor sin que les acompañe una subida de precios.
Este estudio, financiado por el grupo parlamentario The Left y encargado por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, también desvelaba que el 93,4% de los encuestados considera que los alquileres tienen precios altos o muy altos, independientemente de si son inquilinos o propietarios. El apoyo a la medida entre la ciudadanía es tal que casi la mitad de los encuestados se replantearía su voto si su partido se opusiera a esta medida, incluido un tercio de los votantes del PP y de Vox, que han votado en contra de la misma.
Desgranando por partidos, los votantes de Sumar apoyan la medida en un 91%, mientras que los del PSOE lo hacen en un 81%, siendo los votantes de estas dos formaciones los más favorables. No obstante, existe consenso mayoritario también entre los partidos de derechas: un 65% de los electores del PP y un 60% de los de Vox también está a favor. Del mismo modo, el estudio analiza la predisposición a replantearse el voto en caso de que el partido apoyado se oponga a esta medida en el Congreso de los Diputados, y atendiendo a esa variable, un 48,7% de la ciudadanía afirma que se lo replantearía "mucho" o "bastante". Entre los votantes del Partido Popular esta cifra se sitúa en torno al 32%, y entre los de Vox en torno al 36%. Por otra parte, la encuesta refleja que más de 9 de cada 10 españoles, el 93,4%, valora que el precio de los alquileres ha llegado a puntos altos o muy altos. Un consenso casi unánime que asciende hasta el 95,5% cuando se pregunta a inquilinos y que se mantiene por encima del umbral del 90% al preguntar a propietarios, con un 92,9%, tanto aquellos que tienen hipoteca como los que no. De esta consideración sale ganando, además, la opción de quienes piensan que los precios son muy altos, opción que contestan un 73% de los encuestados.
