Los datos con los que Sumar presiona en el Gobierno y en el Congreso para luchar por la prórroga de alquileres

La prórroga de los alquiles, que potencialmente podría beneficiar a poco más de un millón de contratos y en torno a 2,7 millones de personas, llegará al Congreso de los Diputados el martes 28 de abril y la parte minoritaria del Gobierno de coalición intensifica sus negociaciones para reunir los apoyos necesarios. Sumar consiguió arañar al PSOE, contrario a incluir medidas habitacionales en el plan de respuesta a las consecuencias de económicas y sociales de la guerra de Irán, un Real Decreto con medidas específicas para la vivienda y quiere salvar su vigencia.

“Seguimos muy enfocados”, trasladan fuentes magentas a ElPlural.com. La lógica parlamentaria se antoja compleja, pues Junts per Catalunya anunció ayer que rompe toda sus relaciones con Sumar, después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificase su proyecto de "racista y clasista". Al Partido Popular (PP) y a Vox ni se les espera en la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, por lo que la situaicón se antoja muy complicada. Las expectativas no son halagüeñas, pero en Sumar no tiran la toalla y esperan que el sentir social termine por decantar la balanza a su favor.

“Cada vez estamos viendo más apoyos en la sociedad civil para que esta medida salga adelante”, trasladan desde Sumar. Asimismo, ponen en valor la “importante movilización de inquilinos para acogerse a la medida”, impulsada por el movimiento de la vivienda y asociaciones de consumidores. Durante su todavía vigencia, las solicitudes emitidas de prórroga, que limita al 2% la subida de los alquileres y prorroga hasta finalizar 2027 los contratos que finalicen este año o el próximo, están alcanzado cifras elevadas, según los datos con los que cuentan las propias organizaciones sociales.

Datos para defender el Decreto

Sumar está capitaneando las negociaciones para salvar unas medidas que, tal y como recoge los datos que están presentando a los diferentes grupos parlamentarios, constituyen un ahorro importante para la ciudadanía. Los inquilinos que se acojan a la medida evitarían pagar de media un sobrecoste de hasta 658 euros anuales que sufrirían si no estuviesen protegidos ante el escenario de subida inflacionaria severa recogido en las proyecciones de Banco de España. En ciudades como Madrid o Barcelona, las más tensionadas del país, la cuantía sería aún mayor.

El peor de los escenarios dibujado por la autoridad económica española proyecta una inflación que pueda alcanzar el 5,9% en 2026, bajando al 3,2% en 2027. De ser así, y atendiendo a los 600 euros mensuales de mediana nacional que marcan los alquileres, recogidos por la última Encuesta de Condiciones de Vida, la indexación libre los contratos se llevaría la cuota mensual a los 635,4 euros en 2026 y a los 655,7 euros en 2027. Con el límite del 2%, el alquiler se detendría en los 612 euros este año y los 624,2 euros el siguiente.

El ahorro directo sería de 23,4 euros al mes y 280,8 euros año en 2026 y 31,5 euros al mes y 378 euros al año en 2027. Un total de 658,8 euros de ahorro de media para los inquilinos acogidos a la medida. En Madrid, donde la renta mediana es de 790 euros, el alquiler al albur del libre mercado se iría hasta los 836,8 euros en 2026 y rozaría los 864 euros en 2027, mientras que topado se quedaría en los 806 y los 822,1 euros, respectivamente.

Esto supone un ahorro mensual de casi 31 euros el primer año y de más de 41 euros el segundo para una familia madrileña, que sumados alcanza los 867 euros. En Cataluña el escenario sería similar, situación con la que Sumar quiere presionar a Junts. En esta región, con una mediana de alquiler de 720 euros, el tope evitaría un sobrecoste de 28 euros al mes en 2026 y casi 38 euros al mes en 2027 en la peor de las situaciones, que se traduciría en 790 euros en dos años.

Además, para todos los territorios y más allá del tope del 2%, los inquilinos que accedan a la prórroga de los dos años se evitarían, además, pagar todo lo que supondría firmar un nuevo contrato a precio de mercado, con un coste estimado de más de 1.730 euros al año. Una larga lista de datos contundentes con los que Sumar pretende convencer a los partidos para salvar el Real Decreto-ley y mantener esta mínima protección de los inquilinos ante un precio de la vivienda ya en máximos.