La declaración de emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila) no ha escapado a la guerra política entre la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de España.
De un lado, la responsable autonómica solicitó al Ejecutivo central la “declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer -refiriéndose al miércoles- en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proviene de Ávila agrave la situación de el de San Martín de Valdeiglesias”.
Así, la presidenta ‘popular’ solicitó también el refuerzo “nacional e internacional” para sofocar los fuegos frente a la complejidad para ello, debido también a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para este viernes.
Tira y afloja entre Madrid y el delegado del Gobierno
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, no tardó el responder a la baronesa. En el espacio radiofónico Hora 25, de la Cadena Ser, Martín aseguró que la petición de la responsable de Sol se había hecho a través de una “escueta carta con la que ha sacado un tuit” y que “para solicitar algo así es muy importante explicar bien los fundamentos de una solicitud de esta naturaleza”.
“Estamos hablando de una cosa muy seria como para resolverla en una carta de tres párrafos para poder poner un tuit. Esto no funciona así, estamos hablando de muchas vidas, estamos hablando de mucho patrimonio, de mucho recurso, y por lo tanto creo que hay que trabajar con seriedad y eso exige explicar adecuadamente qué es lo que justifica”.
En la misma dirección, pedía a la Autonomía madrileña que “sea responsable” y “explique por qué” pide que la dirección de la emergencia pase a manos del Gobierno de España, ya sea por “incapacidad técnica, incapacidad operativa o porque entiende que la evolución de la emergencia no va a poder ser controlada por los servicios de la Comunidad de Madrid”.
Martín contaba que el Gobierno había estado presente en el puesto de mando avanzado y que había apoyado en la emergencia “desde el primer momento”. A partir de ahí, prometía que iban a “hacer todos los esfuerzos que sean necesarios”. “Se han incorporado dos hidroaviones en el mismo momento en el que la Comunidad los ha solicitado. La UME ha reforzado su presencia, la Guardia Civil está haciendo un trabajo extraordinario y vamos a seguir apoyando esta emergencia como todas en el conjunto del país”, refrendaba.
La Comunidad de Madrid justifica la petición atendiendo a la concurrencia de los incendios junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar, dicen, recursos de otras administraciones públicas, factores que han complicado aún más las labores de extinción y de protección civil. Se valora igualmente la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza de los incendios sobre núcleos de población y el potencial impacto supraterritorial de la emergencia.
Declaración de emergencia
A última hora de la noche, Moncloa declaró la emergencia nacional en la autonomía madrileña y en Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales que han obligado a desalojar a 10.000 personas.
El consejero de Medio Ambiente en la Comunidad, Carlos Novillo, envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo el nivel 3 y, finalmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptó tras desplazarse el ministro al lugar.
La declaración de emergencia de interés nacional se ha producido según lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que, declarada la emergencia nacional, el ministro del Interior asume su dirección, por lo que le corresponde ordenar y coordinar las actuaciones necesarias para paliar los efectos del apagón, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.
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