Según las cifras el Ministerio de Consumo, son trece grandes caseros –inmobiliarias y fondos de inversión- que cuentan con más de 100.000 viviendas en alquiler en España. Un gran volumen de inmuebles que se verán afectados si decae la prórroga extraordinaria de hasta un máximo de dos años de los alquileres que vayan a vencer este 2026 y 2027, por el que miles de personas bajo este régimen podrían quedar en la calle a su vencimiento.
La Dirección General de Consumo, a cargo de Daniel Arribas, ha enviado este lunes una carta a trece de estas grandes empresas para notificarles que deben cumplir con la prórroga de los alquileres que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027, en caso de que los inquilinos así lo reclamen, según estipula el Real Decreto Ley 8/2026.
Dichos contratos deberán extenderse, al menos por dos años más, a golpe de prórrogas anuales y en las mismas condiciones que se pactaron desde el momento de la primera firma. Asimismo, incluyéndose el tope en el 2% de la actualización de las rentas de alquiler hasta entonces.
Son 2,7 millones de personas las que se ven afectadas por este marco, así como 600.000 contratos a los que se podrían aplicar los efectos del decreto estatal en caso de que no decaiga próximamente en la votación del Congreso de los Diputados. Y, en caso de que no salga adelante, según el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), la prórroga afectaría a “las solicitudes presentadas durante su vigencia tendrán validez”, pero no para los nuevos casos.
Según Consumo, este nuevo mecanismo se entiende como “un nuevo derecho” para los inquilinos, por lo que los arrendadores deben aceptar la prórroga manteniendo intactas las condiciones contractuales, instando así tanto a inmobiliarias como fondos a cumplir a rajatabla el cumplimiento de la normativa estatal.
Con esta decisión, la cartera ministerial de Pablo Bustinduy buscan aclarar las condiciones del real decreto ley de vivienda que está en vigor y que se convalidará en la Cámara Baja en un plazo máximo de 30 días desde su aprobación, lo que se traduce en que “los inquilinos sigan pactando religiosamente sus alquileres todos los meses” y que los inquilinos se queden sin domicilio cuando afronten subidas de hasta el 60% al vencer su contrato de alquiler.
La prórroga, “de sentido común”
“Estamos hablando de familias que tienen a sus hijos que van al colegio del barrio. Estamos hablando de parejas que no se pueden separar porque no pueden abordar el pago de un alquiler a los precios que tienen ahora mismo en el mercado. Estamos hablando de gente joven que si le suben un 50%, el año que viene se tiene que volver a casas de sus padres”, ha expuesto el ministro este ounes, a la vez que ha defendido el decreto frente a las “campañas de miedo o argumentos interesados” de los 'lobbies' inmobiliario.
Para Bustinduy, esta prórroga es de “sentido común”, descartando que se trate de un tema ideológico entre partidos, ya que las personas que se podrán beneficiar de la medida pertenecen a todos los signos políticos, por lo que la derecha no podrá explicar su voto en contra de la prórroga: “Si la derecha vota no a este decreto ley, lo que está defendiendo es el derecho de estos grandes operadores del mercado a forrarse de manera desproporcionada a costa de que echen a las familias españolas a la calle”, ha puntualizado.
En cuanto a las negociaciones parlamentarias para su próxima convalidación, Consumo ha tendido “la mano” al resto de grupos parlamentarios, incluido Junts, recordando que hay “semanas” aún por delante. “Y si las derechas en este país piensan que pueden tumbar este decreto ley y que no pagarán un altísimo precio por ello, se equivocan. La fuerza de los inquilinos e inquilinas de este país va a ser imparable y se va a traducir en esa votación en el Congreso de los Diputados”, ha añadido.
