El diputado del grupo socialista José Luis Ábalos ha presentado en nombre de su grupo una Proposición no de Ley, instando al Gobierno de España “a reconducir la situación creada por la Resolución denegatoria de la exhumación de Teófilo Alcorisa emitida por el Ayuntamiento de Valencia el 27 de diciembre de 2013. Ábalos ha declarado a ELPLURAL.COM que Rita Barberá, alcaldesa de la capital “ha antepuesto el sectarismo al cumplimiento de la legalidad. De confirmarse algunos extremos podría haber incurrido en prevaricación”.
Demorar intencionadamente
Realiza esta afirmación el diputado “porque Rita Barberá ha ignorado toda la legislación y porque cinco años de demora desde que se solicitó la exhumación, no tienen sentido. Existe una clara intencionalidad política en retrasar esta decisión a la espera de que el Partido Popular consiguiera revocar la Ley de Memoria Histórica o de que los hijos de Alcorisa desaparecieran…no hay otro sentido para retardar así una exhumación”.
El Gobierno debe obligar al Ayuntamiento
“Pero es que además, los convenios internacionales obligan a España. Son convenios que España ha ratificado y ahora el Gobierno de España tiene que hacer que el Ayuntamiento de Valencia no obstruya el cumplimiento de la Ley”, indicó.
No es un tema local
Ábalos recalcó que “no se trata de un tema local. Afecta al Estado. Como bien indica la demanda que acaba de presentar ante el juzgado Baltasar Garzón, se trata de un delito imprescriptible, que obliga a toda la administración a buscar a un desaparecido forzado cuya muerte además no se ha producido en el transcurso de la guerra civil. Nadie se puede escudar en una norma municipal. Tenemos una Ley de Memoria Histórica y hay que cumplirla guste o no”.
Caso singular para la ONU
“Y ahí se indica que se trata de un tema de utilidad pública y de interés social y esto se impone a la normativa de cualquier Administración”, continuó Ábalos. “No olvidemos que el caso de Teófilo Alcorisa se ha estudiado de forma singularizada por los expertos de Naciones Unidas y ahí tenemos las advertencias y comunicaciones al Gobierno español del Grupo deTrabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y el Relator Especial sobre la Verdad, Justicia y Reparación y sus garantías de no repetición, del Comité de Derechos Humanos de la ONU”.
La subvención perdida
En la proposición no de ley el diputado subraya que “en virtud del perjuicio económico causado a la familia que debió devolver el la subvención económica otorgada en 2009 ante el retraso en resolver del Ayuntamiento, se asegure que el proyecto previsto se realice. Este proyecto fue presentado por la Agrupación de Familiares de Teófilo y se pedía su exhumación y “la de otro represaliado y enterrado junto a él, Joaquín Alcorisa”.
Un memorial público
También se solicita, y así lo hace constar Ábalos, “un Memorial donde consten los nombres de los represaliados enterrados en la misma Sección del antiguo Cementerio Civil, todo ello a cargo del Estado y/o del mismo Ayuntamiento que causó la devolución”.
Urgencia ante la edad de los hijos
En la proposición no de ley el diputado plantea “ante las circunstancias sobrevenidas a raíz de la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, imprimir carácter de urgencia teniendo en cuenta la avanzada edad de los hijos que reclaman sus restos y el próximo inicio de un proceso judicial de consecuencias imprevisibles que dejarían en evidencia no solo al Ayuntamiento de Valencia sino al Estado español”.
Denuncia de Garzón ante el juez
El caso de Alcorisa que fue asesinado en 1947 tras su detención por la guardia civil que quería saber el paradero de su hijo guerrillero en la zona de Levante, entra en una nueva fase de debate ahora en el Congreso y tras haber sido retomado por el despacho de abogados de Baltasar Garzón que ha presentado una denuncia ante el juez por la negativa del Ayuntamiento que preside Rita Barberá en autorizar la exhumación.
La alcaldesa quiere orden judicial
El lugar donde yace está perfectamente identificado en el cementerio valenciano y existen los permisos pertinentes de otros organismos a falta del visto bueno municipal que se niega. Tanto la alcaldesa Rita Barberá como la concejala responsable del Servicio de Cementerios, manifestaron que solo darían satisfacción a la petición de recuperar los restos de Teófilo por parte de los hermanos Alcorisa si así lo dice un juez.
Ya lo dijo la ONU
Recuerda Ábalos en la Proposición no de ley que ya el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU transmitió el caso de Teófilo Alcorisa Monleón al Gobierno de España el 13 de diciembre de 2013 (caso número 10003672), con la referencia G/SO 217/1/ Spain, como consecuencia de una denuncia aportada desde Valencia a dicho Grupo a raíz de las investigaciones desarrolladas por la ONU en España sobre los miles de desaparecidos en la Guerra Civil y la Dictadura”.
Emplear métodos científicos
De nuevo se refiere a las recomendaciones de la ONU en el sentido de que "los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles”.
La denegación del consistorio valenciano
“El Ayuntamiento de Valencia emitió una Resolución de fecha 27 de diciembre de 2013 denegando, tras cuatro años y medio de la solicitud, la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa sin tener siquiera en cuenta la Ley de la Memoria (…)”, recuerda.
El Gobierno en entredicho
“Dicha denegación pone en entredicho al Gobierno de España al constituir la primera respuesta de una Institución a las recomendaciones basadas en la Justicia Internacional para las víctimas españolas, totalmente compatibles con lo anteriormente establecido por la Ley 52/2007, algo que evidencia la falta de respuesta a dichas recomendaciones y de sintonía entre Administraciones regidas por el mismo partido político”.
Normalidad democrática y reconciliación
Concluye José Luis Ábalos el escrito: “El diputado que suscribe, en nombre del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, considera urgente una acción de este Gobierno que asegure los derechos de la familia Alcorisa y evidencie que España sigue las recomendaciones de la ONU reconduciendo el ‛Caso Alcorisa’ por la senda de la normalidad democrática y la reconciliación”.
