Pedro Sánchez tiene entre sus manos un rompecabezas de compleja resolución. El encaje del gasto militar eleva la dificultad del juego de equilibrios del Gobierno. El presidente no se encontró una oposición taxativa en términos generales tras las reuniones con los grupos parlamentarios del pasado jueves, con la excepción de Podemos y BNG y la incógnita de un PP instalado en la oposición monolítica. De hecho, los nacionalistas gallegos impulsaron una moción consecuencia de interpelación para provocar una fijación de posiciones vía votación. Entre tanto, la fontanería de Moncloa busca una vía de servicio para esquivar el Congreso, soliviantando al sector conservador, reestructurar partidas presupuestarias y así despejar el camino para cumplir con lo acordado en el seno de la Unión Europea.
Pese a tal compromiso, en la sala de máquinas de Moncloa aún no tienen una decisión firme sobre el camino que adoptará. Sí, en cambio, ha asumido la decisión de elevar el gasto en Defensa, aun con las dudas sobre las partidas que engrosarán los fondos. El Ejecutivo trasladó el pasado jueves a los grupos parlamentarios su intención de destinar tal inversión también a seguridad, en lugar de circunscribirla al campo militar, donde entraría la lucha contra el terrorismo o un blindaje de la infraestructura cibernética.
Son precisamente esas arenas movedizas de la duda las que desconciertan, en parte, a los socios de la investidura. Habida cuenta de la postura del ‘no es no’ que impera en la bancada de la derecha, sobre todo en el Partido Popular – Vox no fue invitado a la fiesta monclovita -, el radio de acción de Sánchez reduce por el momento al núcleo de siempre: desde Junts, pasando por EH Bildu y terminando en Podemos y BNG. Son precisamente estas dos fuerzas las que se han pronunciado con más vehemencia contra las intenciones del ala socialista de la coalición.
Dos iniciativas
Ione Belarra fijó su postura ya en la escalinata del complejo presidencial, luciendo una camiseta reivindicativa por la paz y reafirmándose en rueda de prensa con descalificativos hacia Sánchez como “señor de la guerra”. Los morados fueron más explícitos que el BNG, que ha optado por la vía parlamentaria para evitar el incremento de la partida militar. Los nacionalistas galegos, capitaneados por Néstor Rego, registraron el viernes una iniciativa para que los grupos de la Cámara Baja fijen posiciones en un debate copa la agenda política desde hace semanas.
Mientras Podemos opta por el lenguaje vírico y la palabra gruesa, el Bloque registró una iniciativa sin rango de ley para que el Congreso inste el Gobierno a “oponerse” a la propuesta de constituir un fondo de 800.000 millones de euros, que “se destinarán a gastos de defensa y a la compra de armamento”. La maniobra de los soberanistas incluye también la renuncia a “cualquier aumento” de las partidas presupuestaria en materia de Defensa. A su juicio, entienden que un incremento de tal cuantía “redundaría en la reducción de los recursos disponibles para destinarlos a políticas sociales e inversiones públicas necesarias”. Mismo argumento que blande Belarra, aunque con varios decibelios menos.
En paralelo, y con una visión opuesta, el Grupo Popular busca que el Congreso anime al Ejecutivo a defender la implicación de la Unión Europea y de Kiev en las negociaciones de paz en la zona, así como el vínculo atlántico “dentro del respeto entre todos sus componentes”; lo cual describen como “clave” en las relaciones con Estados Unidos, Canadá y Europa. En consecuencia, los conservadores reclaman que el Ejecutivo de Sánchez dé cumplimiento al compromiso con el gasto en defensa que España adquirió con la OTAN en el marco de la invasión rusa de Ucrania “a la mayor brevedad posible”.
Imperativo este último que, por otro lado, desde el Partido Popular tampoco están dispuestos a vender barato. Tras la reunión de más de 40 minutos del jueves, Sánchez constató la distante postura del principal partido de la oposición, cuyo líder arguyó como justificación la falta de concreción del presidente en sus planes. Argumento que, por otro lado, compartieron la totalidad de los portavoces, con la salvedad de que Núñez Feijóo le recriminó a su interlocutor que “no tiene plan” alguno.
Puerta abierta a negociar
El resto de los aliados clásicos de la coalición -conclusión positiva para el Gobierno a la postre- con mayor o menor fervor, al menos se abren a conversar. Y no sólo la derecha, fuerzas como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC e incluso Sumar están dispuestos a sentarse en la mesa de negociación.
Si bien republicanos se mostraron cautos pero se mostraban predispuestos a hablar, sus socios soberanistas de EH Bildu tomaron el camino del medio. Aizpurua se puso de perfil, constatando la incomodidad que le produce a los abertzales el debate sobre el gasto militar. Por su parte, el PNV cerró filas con el Ejecutivo, mientras que Junts delimitaba como líneas rojas inversiones para Europa, pero también para Cataluña. No obstante, la predisposición de los de Miriam Nogueras es proactiva.
Una alternativa al bloqueo
Ante las dificultades para dar cumplimiento a las promesas internacionales en lo que a gasto en Defensa se refiere, desde Moncloa ya preparan otras figuras para sacar adelante este aumento en gasto militar, aunque alejadas de la Cámara Baja.
Una de las opciones que Sánchez podría activar es una disposición contemplada en los Presupuestos Generales del Estado desde 2021, añadida de forma excepcional con motivo de la pandemia del coronavirus y que se ha mantenido desde entonces. Se trata del artículo 9 de la ley de los PGE de 2023, que contempla que el Ministerio de Hacienda podrá aprobar “transferencias de crédito entre secciones para atender necesidades ineludibles”, lo que quiere decir que podrán moverse partidas de un Ministerio a otro o redirigirlos dentro de los propios departamentos.
De tomar la decisión, el presupuesto para la cartera pilotada por Margarita Robles aumentaría en torno a 2.500 millones de euros, en materia de modernización de las Fuerzas Armadas; a los que habría que sumar otros 1.000 millones para programas tecnológicos de defensa y seguridad, dependientes del Ministerio de Industria.
