El PP ha prometido por activa y por pasiva que dará la batalla con todas las herramientas “legales” a la ley de amnistía. Sin embargo, si el pasado miércoles era incapaz de evitar ceder ante Vox y anunció que preguntaría a los letrados del Senado -donde tiene mayoría absoluta- las consecuencias de no tramitar la ley de amnistía, la formación de Alberto Núñez Feijóo pedirá amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que no se repita la votación en la que el pasado martes los ‘noes’ ganaron a los ‘síes’ después de que Junts votara en contra al no incluir el texto sus enmiendas.

Los populares consideran que sobran los motivos para exigir a la Presidencia de la Cámara que la ley de amnistía vuelva a la casilla de salida, retrasando así aún más los tiempos hasta que pudiera salir adelante, en lugar de que regrese a la Comisión de Justicia, destino del texto después de su caída en el hemiciclo. Ahora dicho organismo tiene el plazo máximo de un mes para enviar otra vez el texto al Pleno. Y esto es lo que quieren evitar en Génova.

Para ello, el PP registró a última hora de este jueves un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso.  A partir de ahí, en caso de que la presidenta de la Cámara Baja rechace la petición, el partido conservador explorará “todas las vías” para frenarlo, según fuentes parlamentarias recogidas en El Confidencial. Dentro de esa batalla política, jurídica y social, los populares incluyen un recurso de amparo ante el TC.

Antes de recurrir a los tribunales, la formación conservadora se mantendrá a la espera de que la Mesa califique el escrito de reconsideración, el próximo martes. Este mismo día, el órgano de gobierno de la Cámara Baja puede abrir un periodo de 15 días para fijar una sesión de la Comisión de Justicia y retocar el texto de la ley.

Es muy poco probable que Armengol tenga en consideración la petición, por lo que lo más factible es que el PP acabe recurriendo a los tribunales con el objetivo de que no se realice una nueva votación en la Cámara Baja, teniendo que volver así al principio.

En otro orden de cosas, la guerra de los populares con la presidenta de la Cámara no es nueva. Ahora, la acusan de tomar la decisión de devolver el documento a la Comisión de Justicia sin tener en cuenta a nadie, y es que, a su juicio, el mero hecho de que esta semana la ley no se haya aprobado en las Cortes debería servir como motivo de sobra para que la normal se cayera con todo, a pesar de que el Congreso sí diera luz verde al dictamen emitido por el mencionado órgano.

Armengol hizo alusión al artículo 131.2 del Reglamento para devolver la ley a este lugar, que indica que “si en ella (la votación final sobre el conjunto del texto) se consigue la citada mayoría (absoluta), el proyecto será devuelto a la Comisión”. El PP defiende que la ley no consiguió la mayoría absoluta y, además, obtuvo más votos negativos que positivos, refiriéndose para ello al artículo 79.2 de la Carta Magna: “Para ser válidos (los acuerdos que salgan del Congreso) deberán ser por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas".