La universidad pública agoniza, tal y como lleva meses denunciando el conjunto de la comunidad estudiantil. La situación es especialmente crítica en Madrid, donde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso insiste en poner una alfombra roja a las universidades privadas e infrafinanciar los estudios públicos.
Entretanto, PP y Vox han rechazado esta semana una propuesta del Gobierno de España que pasa por acotar los denominados “chiringuitos universitarios” interesados exclusivamente en facturar. La propuesta del Ejecutivo tampoco ha sido aceptada por el PNV, sí así por los principales actores universitarios, a saber, la Conferencia de Rectores (CRUE) -que reúne a los principales centros públicos y privados del país-; Creup -asociación de estudiantes más representativa-; y los sindicatos, así como la mayoría de los partidos políticos.
El texto por el que se rige esta cuestión ha experimentado modificaciones en los últimos días después de que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se haya reunido con las partes interesado y llevado el tema a examen. Lo que se conoce por el momento es que una decena de proyectos universitarios requieren de un nuevo informe que corre a cargo de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad (Aneca) o de sus homólogas regionales. Asimismo, las agencias darán forma a una comisión formada por profesores escogidos de forma aleatoria que permitan garantizar la independencia del proceso.
También se sabe que Moncloa prevé ampliar loa plazos que las universidades tienen para adaptarse a los nuevos requisitos, que son de obligado cumplimiento tanto para los proyectos nuevos como para los que ya existen. En números concretos, el plazo se amplía un año -pasa de cinco a seis- con el objetivo de alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos. En esta línea, los lugares que ya dispongan de autorización cuando el decreto entre en vigor dispondrán de hasta tres años para adaptarse, mientras que aquellas cuya actividad hubiera empezado antes de este tiempo tendrán cinco años. Y si no tienen aún autorización, dispondrán de cinco años y no de tres.
Algunas privadas en contra, pero no lo verbalizan
Si bien es cierto que ningún centro privado ha rechazado abiertamente el texto, según indican fuentes que estuvieron presentes en una reunión que la responsable del ministerio ha tenido con varios representantes universitarios y publica elDiario.es, el futuro del texto no está claro debido a que algunos de los que no son públicos sí podría postularse de manera desfavorable.
La privada ha reiterado en las últimas semanas que Sánchez carga contra ellas por lo que consideran un endurecimiento de la normal, mientras que el Gobierno central insiste en señalar que en nuestro país existen algunas universidades privadas, de enorme calidad y años de Historia, y sin ánimo de lucro, a las que también perjudicaría el considerable aumento de centros que nacen con un capital muy alto o el objetivo de instalarse en un edificio de oficinas a pesar de los informes desfavorables.
En el momento de redacción de estas líneas, medio centenar de universidades públicas y cerca de una treintena están de acuerdo con el documento. Así las cosas, el CRUE emplaza que “siempre ha defendido la necesidad de contar con los instrumentos legales que nos permitan garantizar la calidad de las universidades y fije criterios claros para la creación y autorización de las universidades”.
En la misma línea se pronuncia la asociación de estudiantes universitarios más importante, que entiende que la presente norma “protege el sistema y garantiza la calidad de centros universitarios, creando uno en el que la ciudadanía pueda confiar”. Y añade, en detrimento del auge de las universidades privadas, cómo “en los últimos años hemos sido testigos” de ese crecimiento sin que éstas “reunieran las características mínimas para ser reconocidas como tal (privada), ni contaban con el informe positivo de las agencias de calidad competentes”. Con ello, consideran “que es un gran avance que los informes realizados por las agencias de calidad tengan un carácter vinculante e independiente”.
De forma similar opinan los sindicatos, que llevan años pidiendo al Gobierno que endurezcan los requisitos para que los centros privados no sigan aumentando “sin control ni calidad” a la vez que se centran únicamente en aumentar el negocio. En el ámbito político coinciden la mayoría de las formaciones a excepción de las mencionadas en dar luz verde a este informe.
