El PP explota su mayoría absoluta en el Senado y modifica su reglamento por cuarta vez en dos años

En los dos años que llevamos de legislatura, el PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha reformado su reglamento en cuatro ocasiones, sin contar aquellas que fueron paralizadas por visos de inconstitucionalidad. Tras los comicios del 23-J, las directrices de Génova fueron dirigidas a capitalizar al máximo esa mayoría en un permanente intento de acosar al Gobierno con invocaciones grandilocuentes a la defensa de la Constitución y el Estado de derecho, o con discursos engolados que redundan en la ilegitimidad del presidente y sus ministros. La tensión mediática y la polarización han sido las culpables del choque inédito entre las Cortes: un aparente pulso interminable entre el Congreso y el Senado, entre Francina Armengol Socias y Pedro Rollán Ojeda, la izquierda y la derecha, el Ejecutivo y la oposición.

Ello ya lo vimos con la instrumentalización que se ejerció sobre la Comisión General de las Comunidades Autónomas, la más importante de la Cámara, para amplificar la crítica política, durante meses, a la proposición de la ley de amnistía, la iniciativa más radioactiva por antonomasia de este ciclo político. 

Y ahora, una vez más, el Partido Popular no ha contado con el consenso del resto de grupos parlamentarios. De hecho, estos se han mostrado molestos por la falta de acuerdo y la ausencia de un apartado que amplíe el uso de las lenguas cooficiales en dicho Parlamento. El nuevo reglamento ya aprobado incluye un límite de tiempo para los ministros en la sesión de control, que no estaba delimitado, e innova en la vía para acudir al Alto Tribunal para reprochar el bloqueo de la Cámara Baja a las proposiciones legislativas que han salido y salen del Senado.

Enésimo cambio del reglamento

La novedad consiste en que, cuando la tramitación se demore de forma inusual, se podrá proponer un conflicto de atribuciones al Pleno del Senado con destino en el Constitucional. Durante la comisión del Reglamento, el portavoz popular, Antonio Silván, ha argumentado que “el Senado debe modernizarse y recuperar el peso institucional” con una reforma “que dice basta” para evitar que el Gobierno legisle por decreto.

Tanto el PSOE como el resto de los grupos políticos que han participado en el debate han manifestado su desacuerdo con la forma en la que se ha aprobado el nuevo reglamento, es decir, sin acuerdos y utilizando la fuerza de su mayoría absoluta. La gran parte de ellos presentaron enmiendas a la nueva normativa porque no vieron una mayor representación de las lenguas oficiales en el texto del reglamento. Los senadores de Compromís, ERC, PNV, BNG, Junts, EH Bildu y del grupo de Izquierda Confederal han alegado que debería ampliarse el uso de las lenguas cooficiales. Ahora su uso está limitado a la presentación de escritos, los debates de mociones y la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero piden que se extienda a toda la actividad parlamentaria, como si ocurre en el Congreso de los Diputados.

La reforma contempla el voto telemático para los senadores “por razones de conciliación y salud” y para situaciones en las que las votaciones coincidan con un pleno de su parlamento autonómico, como había reclamado el PSOE. Pero esto no contenta a los socialistas. Su portavoz en el Senado, Juan Espadas, ha denunciado que el PP no haya contado “con ningún otro grupo” para llevar a cabo esta modificación normativa y argumenta que por ese motivo será “cuestionada” por el Constitucional.

Durante el mismo pleno, El PP apoyó una iniciativa de Agrupación Socialista Gomera para reclamar al Gobierno de Sánchez la elaboración de un decreto ley exclusivo para las Islas Canarias, que encauce los compromisos del Ejecutivo con el de Canarias, con la incorporación de la bonificación del 60% del IRPF a los residentes de la isla de La Palma o la gratuidad del transporte terrestre de viajeros en las islas para antes de que acabe el año.