Como aperitivo al plato fuerte de la comparecencia de Isabel Rodríguez, el Partido Popular lleva al Pleno del Congreso de los Diputados una propuesta sensible para el Gobierno. PSOE y Sumar han mostrado posturas enfrentadas sobre el envío de armas a zonas de guerra, como Ucrania. Los conservadores defienden hoy su propuesta para modificar la Ley de Defensa con el fin de obligar al Ejecutivo a retratarse en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja y votar cada envío de material militar a terceros.
La idea del Grupo Popular es que cada escenario tiene sus particularidades, por lo que entienden conveniente “evitar” que el consentimiento efectuado en un momento puntual no debe “amparar” situaciones diferentes a los “previstos en primer instante”. Así, ponen el foco sobre el Gobierno de coalición. Concretamente sobre el ala socialista de la alianza y su líder, Pedro Sánchez, a quien acusan de haber “abusado de sus prerrogativas” en esta materia. Incluso le responsabilizan de regatear “cualquier tipo de debate” sobre envíos militares a zonas de guerra.
Así, los conservadores de la Carrera de San Jerónimo toman el relevo de sus colegas en el Senado, quienes ya debatieron esta propuesta. Valiéndose de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, convalidaron su toma en consideración el pasado mes de septiembre con el apoyo de los 144 senadores populares frente al rechazo del PSOE y la abstención de sus de sus socios. El envío de material armamentístico a terceros es un punto de fricción en la alianza de la investidura y es ahí donde los conservadores pretenden meter la cuchara a través de esta propuesta.
En el texto registrado, el Partido Popular sopesa la ampliación del artículo 17 del Capítulo I del Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, del 17 de noviembre. La modificación del epígrafe busca forzar al Gobierno a requerir la autorización del Congreso para el envío de material militar a una zona de guerra como podría ser Ucrania.
El artículo en cuestión, pese a todo, ya contemplaba una consulta previa al Congreso para ejecutar operaciones en el exterior no relacionadas a la defensa del territorio nacional o de su interés. El grupo conservador justifica que la modificación va orientada a adecuar a la “realidad actual” dicho precepto y, así, “proceder a una mayor participación del Parlamento”. Explicación que se escuda bajo la definición constitucional de España como “democracia parlamentaria”.
Señalamiento al Gobierno
En consecuencia, lo que el Partido Popular quiere evitar es que el “consentimiento mostrado en un momento dado sirva para amparar escenarios diferentes a los previstos en un primer instante”. Es decir, un toque de atención relativamente sutil al Ejecutivo, a quienes acusan de “abusar de sus prerrogativas” en esta materia y bordear siempre el debate parlamentario para sortear las discrepancias con sus socios habituales.
Por lo tanto, en el texto se regla que la autorización emitida por el Congreso de los Diputados para el envío de material militar a zonas conflictivas deberá concederse con carácter anual y sus renovaciones deberán someterse al escrutinio de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Cabe señalar que el ministerio del ramo ha practicado un total de 61 exportaciones de material militar a Ucrania desde el estallido de la invasión rusa, según los últimos datos disponibles. Además, en febrero de 2024, el Ejecutivo dio luz verde a otras 90 exportaciones armamentísticas al país, con el sello de empresas privadas.
Estas remesas incluían equipos de visión nocturna, vestuario de protección militar NBQ, radiocomunicaciones, aeronaves no tripuladas UAV, sistemas de control remoto de armas, sistemas de guiado de munición, obuses, ametralladoras, minas anticarro, munición de arma ligera y artillería, granadas de mortero, misiles Hawk, diez carros de combate Leopard 2A4, ocho patrulleras, Mistral, Aspide, vehículos TOA y Harpoon.
Rendición de cuentas
De contar con la bendición de la Cámara Baja, la modificación forzará al Gobierno a que el Hemiciclo también avale las operaciones en el exterior que “no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional”. Al solicitar el respaldo, Moncloa deberá delimitar el número de efectivos máximos, así como una estimación aproximada del material que requiere el operativo en cuestión. Además, los incrementos del personal necesario deberán pasar por el Pleno.
España cuenta actualmente con unos 3.000 militares desplegados en 16 misiones en el exterior y repartidas entre cuatro continentes. De este contingente, destacan 650 efectivos que brindan apoyo a la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano o los 350 que participan en la operación Atalanta de la lucha contra la piratería en Somalia.
