El Partido Popular (PP) ha arremetido este lunes contra el Tribunal de Cuentas en el marco de la comisión de investigación por los contratos durante la pandemia. Ante las críticas vertidas por los miembros populares hacia Enriqueta Chicano, presidenta del organismo, esta ha defendido que “las deficiencias” detectadas en la compra de material sanitario se recogieron en los informes del organismo, que los aprobó en su pleno después de un periodo de observaciones.
Chicano ha afeado que la derecha diga que han “blanqueado irregularidades”, como le ha acusado el senador del PP Josep Vicente Marí, porque esto implica “poner en cuestión el trabajo de 100.000 funcionarios” y, nada más lejos de la realidad, asume, “analizaron contratos en una situación especial, con una legislación que no es especial, sino general y contenida a la ley de contratos”.
La responsable del órgano fiscalizador ha comparecido en paralelo al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, pero ella lo ha hecho en la Cámara Baja mientras que Koldo ha hablado en el Senado. En una comparecencia más extensa a la del que fuera mano derecha del ministro de Transportes, que se ha amparado bajo su derecho a no declarar, Chicano ha defendido el buen hacer de los profesionales de un espacio que, por otra parte estaba capitaneada por el PP en pandemia, aunque ahora los conservadores parezcan no acordarse.
De hecho, los populares negaron durante mucho tiempo al PSOE la renovación del Tribunal de Cuentas porque disponían de mayoría absoluta, ya que 7 de los 12 consejeros los propuso el PP. La situación de bloque ha sido una constante desde que los socialistas están en la Moncloa, pues es algo que ha pasado con otros organismos que en última instancia son pilares de nuestra democracia, siendo el ejemplo más palpable de ello el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por aquel entonces, junio de 2021, el principal partido del Ejecutivo y de la oposición se encontraban enfrentados con motivo de los indultos a nueve dirigentes independentistas en el marco del procès. En ese momento, el tribunal tenía que resolver el expediente abierto por la responsabilidad contable de los dirigentes del Govern catalán entre 2011 y 2017 al utilizar de una presunta manera fraudulenta fondos públicos para la promoción fuera de nuestras fronteras del proceso independentista.
Respecto de este hecho -que sirvió al PP como escudo para defender no renovar el órgano fiscalizador-el Tribunal de Cuentas daba en abril de este año un plazo de 10 días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana para que presentaran sus conclusiones sobre la posible responsabilidad contable del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y otros 34 antiguos altos cargos de Cataluña por el presunto desvío de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1-0 y la acción exterior del Ejecutivo regional. Una vez cumplido el plazo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitó que 35 ex dirigentes de la Generalitat -entre los que, además de Puigdemont se encuentra el exvicepresidente Oriol Junqueras- pagasen 3,1 millones de euros por el dinero público desviado para la organización de la votación ilegal y su promoción fuera de Cataluña.
Acuerdo PP-PSOE
El acuerdo pare renovar a los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas llegó en octubre de 2021. Junto a la actualización de este organismo, llegó la del Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo y la directora y la adjunta de la Agencia de Protección de Datos.
El acuerdo entre los dos principales partidos del tablero político llegó una semana después de que en el Pleno del Congreso el todavía entonces líder del PP, Pablo Casado, ofreciera a Sánchez poner fin al bloqueo de estos órganos constitucionales dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue el motivo principal de que se truncaran anteriormente las negociaciones.
Con ello, los nombres que pasaron a componer el Tribunal de Cuentas fueron el de Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas), Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Dolores Genaro Moya (consejero del Tribunal de Cuentas), Elena Hernández Salguero (expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Marid), Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo), Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia), José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil), Joan Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil), Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona), Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada), Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrila (abogado del Colegio de Vizcaya), María Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona) y Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Trbinal de Cuentas).
A este acuerdo le acompañaron el nombramiento del exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, para que se posicionara como Defensor del Pueblo, un órgano pendiente de renovación desde julio de 2017.
