Ceuta tiene más de 84.500 habitantes censados y su colegio de abogados registra 607 inscritos. Esto es casi el doble que Melilla, que con más habitantes (86.026) tiene sólo a 308 abogados inscritos en su colegio. Si comparamos con los colegios de abogados de ciudades similares en las península, como Talavera de la Reina (84.119 habitantes), Ceuta sigue destacando, dado que la ciudad toledana tiene a 318 inscritos. Y un dato más, mientras que en Melilla y Talavera no aparece ningún ciudadano italiano en sus censos de colegiados, en Melilla hay 210 de un total de 607. Esto es un 34,6% o más de uno de cada tres colegiados. 

Todo esto cuando se ha conocido que un juzgado de Madrid está investigando la posible homologación irregular de los títulos de derecho de unos 500 ciudadanos italianos por parte de la Unversidad Rey Juan Carlos (URJC). Estos ciudadanos, una vez logrado el título, pasarían a colegiarse en "diferentes colegios de abogados de España", según la brigada de Extranjería de Madrid, que investiga los hechos. 

ElPlural.com ha contactado con el Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta para consultar el origen de estas cifras, pero no ha recibido respuesta en el momento de publicar este artículo. Sin embargo, abogados consultados por este diario señalan dos posibles causas: La primera es que existe cierta competencia entre colegios por conseguir inscritos. El colegio de la ciudad cordobesa de Lucena, de 42.615 habitantes, tiene 13.047 abogados inscritos debido a que es uno de los colegios con las cuotas más baratas de España para abogados no ejercientes. 

La "Vía Española"

La segunda es que en Italia es muy difícil ejercer la abogacía y requiere de una cuantiosa inversión en tiempo y en dinero. Una vez acabada la carrera de derecho es obligatorio hacer un máster habilitante que cuesta 18.000 euros, más dos años de prácticas, más someterse a un examen en el que hay que invertir un año, con una primera prueba escrita, parecida a un examen de un concurso-oposición en España y, entre seis y ocho meses después, someterse a un examen oral ante un tribunal de magistrados y juristas. El primer examen tiene aproximadamente un 50% de suspensos y el segundo un 40%.  De ahí que muchos italianos opten por la llamada "vía española", que consiste en habiltarse y colegiarse en España para poder ejercer en Italia, algo perfectamente legal de acuerdo a las normas de la Unión Europea.