El centro de acogida de menores migrantes de Fuenlabrada, rebautizado con el nombre de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha sido denunciado por el Ministerio de Infancia y Juventud ante la Fiscalía de Menores al considerar que no atiende al interés de estos menores, lo que podría ser constitutivo de “una clara vulneración de los derechos fundamentales”, según recoge este viernes ‘El País’.
El departamento gubernamental dirigido por Sira Rego ha puesto bajo lupa este centro situado en La Cantueña, el cual atiende actualmente a una treintena de menores de edad migrantes. Ahora, el documento enviado a la Fiscalía recoge que dichas instalaciones tendrían un doble uso debido a cómo se gestiona el tiempo de estancia de los residentes, un aspecto clave.
El emplazamiento resulta menos relevante si se trata de un espacio en el que las personas acogidas solamente pasan una estancia de días o semanas hasta su traslado a otro centro, pero esto puede ser un punto condicionante si se considera como el nuevo hogar para decenas de menores en estas circunstancias.
Tras estudiar el expediente del contrato de dos años de gestión de este centro, adjudicado a una empresa por valor de 10,7 millones de euros, según el medio citado, es que el centro de Fuenlabrada no atiende al interés superior que requiere la atención de estos menores por su ubicación en La Cantueña “en medio de un polígono industrial y alejada de los cuatro núcleos urbanos más próximos (Parla, Pinto, Fuenlabrada y Getafe)”, un hecho que podría vulnerar los instrumentos jurídicos en cuanto no se ha determinado formalmente el interés superior del menor”, reza el documento.
El Ministerio también se acoge a los aspectos de integración que no se dan en este centro. Así, se menciona a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce su derecho a tener “un nivel adecuado para su desarrollo”; así como su Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y Adolescencia que protege su “vida cotidiana”. Además, la legislación nacional da garantías de que los menores tienen derecho de “participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno”.
La función del centro de La Cartueña
El centro de menores de Fuenlabrada, rebautizado bajo el nombre de la lideresa madrileña a finales de este mes de septiembre, se convirtió en el plan de emergencia del Gobierno madrileño para atender a estas personas migrantes en el marco de la crisis migratoria. Sin embargo, no cuenta con más plazas disponibles, y la autonomía ya había declarado cuatro emergencias de este calibre entre enero y abril de este 2024.
La solución a corto plazo fue rehabilitar este edificio abandonado desde 2009, el cual se encuentra a una considerable distancia de otros núcleos urbanos que ni tan siquiera pertenecen a Fuenlabrada, sino que las viviendas más cercanas son de Parla y, para llegar a ellas, hay que atravesar 1,3 kilómetros de distancia y pasar la autovía de Toledo. Asimismo, el instituto más cercano en Fuenlabrada está a más de una hora de camino.
La negativa de este proyecto no sólo ha venido con esta decisión del Ministerio de Infancia y Juventud, sino también, y con anterioridad, de parte del alcalde socialista de Fuenlabrada, Javier Ayala, quien trasladó la cuestión a Europa ante su “preocupación” por la acogida de 96 menores en este centro, una cifra muy amplia para la capacidad de las instalaciones. Unos términos similares a los que se expresó Más Madrid, que lo calificó de “cárcel”.
