El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la ministra de Defensa, Margarita Robles, deberán dar explicaciones, en breve y en público, sobre las desafortunadas declaraciones del general José Manuel Santiago, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en la rueda de prensa del pasado domingo del Comité Técnico del Coronavirus. Respecto a las acciones desarrollados contra los bulos o fake news sobre el Covid-19, el general Santiago dijo que trabajan en dos direcciones, “por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Ambos ministros ya salieron al paso de estas polémicas palabras del general Santiago, pero deberán ir más allá, despejando las dudas y sospechas que estas declaraciones han causado. PP y Ciudadanos se apresuraron a exigir explicaciones. Vox, como siempre, fue mucho más allá: vio en estas palabras, sin duda alguna desafortunadas e inadecuadas, nada más y nada menos que “el inicio de un golpe de Estado”. Los partidos de la oposición tienen no solo el derecho sino la obligación de criticar y fiscalizar la acción del Gobierno, pero no conviene exagerar. Mucho menos aun cuando los dos ministros antes citados recordaron que España es un Estado social y democrático de Derecho, y que por tanto no hay nada que temer en cuanto a las acciones llevadas a cabo por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas contra la extraordinaria campaña de toda clase de bulos e infundios sobre la gestión y el impacto de la pandemia en nuestro país.

Quienes hemos trabajado durante años en comunicación de crisis sabemos muy bien que suele ser aconsejable que sean profesionales uniformados -sanitarios, bomberos, policías, militares...- quienes informen al público sobre las características concretas de las emergencias y de las acciones y medidas puestas en marcha para intentar evitarlas, paliarlas o superarlas. Lo  pudimos ver todos en una situación de crisis tan impactante como la de los atentados terroristas del 11-S en Nueva York, por ejemplo. Pero los uniformados deben informar de forma tan sucinta como sea posible, nunca expresando opiniones o valoraciones que trasciendan su competencia profesional. Ni minimizar ni maximizar: simplemente informar, y hacerlo siempre desde su propia experiencia profesional, avalada por su uniforme. Pero este simple aval no sirve por sí solo: es imprescindible que quien ejerza de portavoz conozca y domine también las bases de las técnicas de la comunicación pública.

Más allá de este lamentable incidente protagonizado por el general Santiago, lo más grave es que ha dado renovadas alas a los incansables fabricantes y divulgadores de los bulos e infundios más escandalosos. Estos sujetos y grupos organizados, ocultos siempre en el vergonzoso anonimato de las redes sociales, expanden de manera deliberada sus fake news entre una población que vive confinada y en una situación de estrés y ansiedad, de preocupación muy lógica, y que recibe este imparable alud de bulos desde la incertidumbre propia de una crisis sanitaria, económica y social tan extraordinaria como inesperada.

En este contexto, el resultado del contacto telemático entre el presidente del Gobierno de PSOE y UP, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, parece razonablemente satisfactorio. Será en el Congreso de Diputados, no en la Moncloa, donde todos los partidos políticos con representación parlamentaria -esto es, sin ninguna clase de vetos ni otras exclusiones que las voluntarias- dialogarán, negociarán, transaccionarán e intentarán alcanzar un gran acuerdo o pacto de Estado que nos permita, desde la necesaria unidad política y social, enfrentarnos a las terribles consecuencias que el coronavirus nos dejará como devastador legado.