El expresidente del Gobierno Balear, Jaume Matas (d) junto a su abogado Miguel Arbona, durante el juicio. EFE El expresidente del Gobierno Balear, Jaume Matas (d) junto a su abogado Miguel Arbona, durante el juicio. EFE



El expresidente balear Jaume Matas ha sido declarado culpable de cohecho impropio por un jurado popular que consideró que el político se aprovechó de su influencia para beneficiar a su esposa con un trabajo remunerado con 42.000 euros al año, a pesar de que no desarrolló actividad alguna.

Relaciones públicas del hotel preferido por el PP balear
La esposa del expresidente popular, Maite Areal, de profesión maestra, fue contratada como relaciones públicas del hotel de lujo de Palma Valparaiso –un hotel usado entonces de manera habitual por el PP balear- por el empresario Miguel Ramis dueño de la cadena Grupotel, como un favor a Matas, según confirmó el mismo empresario.

Un contrato para tapar ingresos no legítimos
El juez instructor José Castro consideró que el contrato realizado a la mujer de Matas fue para “cubrir las apariencias y para aparentar que se trataba de ingresos legítimos". Por su parte, el fiscal Pedro Horrach lo expresó de una manera más gráfica: “No tenemos el cadáver sobre la mesa, pero la contratación era ficticia".

Una época de "semidioses"
Horrach defendió con dureza este miércoles su acusación contra Matas al exponer que durante el último mandato del expopular, los políticos eran considerados “semidioses que se olvidaron de lo que era servir a los ciudadanos” y las calles de Palma estaban “atascadas de elegantes coches” y “nuestros representantes estaban rodeados de séquitos de pieles”.  El fiscal solicita un total de 9.000 euros de multa, así como el comiso de los 42.111 euros que percibió por la contratación de Maite Areal, que ha sido testigo en este caso.

Otra condena para Matas
El presidente del tribunal, el juez Juan Jiménez, deberá fijar ahora la pena, que será la segunda condena para Jaume Matas por corrupción, después de la condena a nueve meses de prisión por tráfico de influencias dictada en el verano por el Tribunal Supremo por haber favorecido con dinero público un periodista que le escribía discursos.