El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este lunes, 28 de abril, en Madrid, en una Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados. La cita, que tendrá lugar a las 16:00 horas en la Sala de Juntas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, estará presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se celebrará en un clima de tensión, con la Comunidad de Madrid y Aragón manifestando su rechazo.
El encuentro llega tras la aprobación, el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados, del real decreto-ley que regula el reparto de estos menores. La norma, convalidada por 179 votos a favor (PSOE y sus socios) frente a 170 en contra (PP y Vox) y una abstención de UPN, modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y fija nuevos criterios para distribuir a los menores entre las distintas autonomías.
Pese al respaldo parlamentario, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han expresado su desacuerdo, argumentando que el decreto "invade competencias autonómicas" en materia de protección de menores. Madrid y Aragón han ido un paso más allá: la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha pedido la cancelación de la Conferencia Sectorial mediante una carta dirigida a Rego. "Somos nosotros quienes tenemos la competencia de proteger los derechos de los menores. Especialmente, cuando se trata de atenderles en situación de desamparo, la peor en la que se puede encontrar un niño", argumentó Dávila.
Por su parte, el Gobierno de Aragón ha anunciado que llevará la convocatoria a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo, denunciando un "trato favorable" hacia Cataluña en los criterios de reparto establecidos.
La nueva legislación, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts, introduce varios cambios significativos. El artículo 35 bis consagra la autonomía de la Conferencia Sectorial para adoptar decisiones por unanimidad. Además, establece que una comunidad que triplique su capacidad de acogida será declarada en situación de contingencia migratoria, lo que permitirá activar los mecanismos de reubicación de menores.
El artículo 35 ter define los parámetros para la distribución, que incluyen la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo previo en materia de acogida, la capacidad estructural del sistema de plazas y características específicas como la insularidad o condición fronteriza. Estos criterios también podrán modificarse, siempre por acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial.
En paralelo, el artículo 35 quater regula el procedimiento de registro de los menores. Si una comunidad se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria, el traslado de los menores a otra comunidad debe producirse en un plazo máximo de 15 días tras completar su registro.
Esta reunión se celebra en un contexto de presión creciente sobre territorios como Canarias y Ceuta, que desde hace meses alertan de la saturación de sus sistemas de acogida. Desde la aprobación de la Comisión Interministerial de Inmigración del pasado 8 de abril, el Gobierno trabaja en la coordinación y seguimiento del proceso de redistribución para aliviar a las regiones más afectadas.
El Ejecutivo, que ya intentó impulsar una iniciativa similar en julio del año pasado sin éxito parlamentario, confía en que el nuevo marco legal permita avanzar hacia una acogida más solidaria y ordenada, aunque el desacuerdo con las autonomías del PP anticipa un debate áspero en la cita de este lunes.
