La crisis migratoria y, en esencia, el reparto de menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional es una de las claves de actualidad más acuciantes en el plano político. Tras su aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados, con el rechazo del Partido Popular, el Gobierno central ha continuado advirtiendo a Génova, pidiendo así que trasladen el número de menores que hay en cada una de sus autonomías para poner en marcha el plan estatal.
El secretario de Estado del Juventus e Infancia, Rubén Pérez, ha reclamado este viernes a las comunidades autónomas del PP que aporten sus cifras de asistencia de menores migrantes para conocer y determinar “cuál es la capacidad de asistencia que deben tener los sistemas de protección en su conjunto".
Debido a este escenario, el secretario estatal ha señalado que no conocer estas cifras supone “una clara obstrucción del trabajo claro y meridiano que debe haber entre las diferentes administraciones de cara a crear un sistema estructural de protección”. Ha previsto en estos términos que es necesaria una “colaboración activa para buscar una solución” y “ayudar a evitar la situación de desprotección del menor que se da en sistemas de protección saturados”.
Bajo este marco, y ante la postura que está adoptando el PP, ha lamentado que los de Alberto Núñez Feijóo estén “comprando el catálogo ideológico de Vox”, realizando a su vez intervenciones parlamentarias “nada acordes con la protección a la infancia y los derechos de los menores migrantes”, cuyas bases se recogen en la Convención de Derechos del Niño.
28 de abril, fecha clave
Desde Moncloa, la llamada a la cautela con las cifras marca el paso para trazar este reparto de menores migrantes, “porque las comunidades tienen que facilitar los datos de manera clara y, a partir de ahí, hacer un modelo para definir cuáles son las capacidades que deben tener los sistemas de protección”, ha apuntado el secretario de Estado.
Y es que como hoja de ruta a continuar está fijado en el calendario el próximo lunes 28 de abril, cuando se dará la primera reunión entre Gobierno y Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se deberá dar “una información fidedigna y desarrollar el contenido del Real Decreto” con las valoraciones de todas las administraciones implicadas.
"Hay comunidades que han hecho un mayor esfuerzo y que, por lo tanto, entendemos que no deberíamos exigirles más y si exigirle algo ponderado al conjunto de medidas que se van a tomar en el conjunto del Estado", ha añadido, para recordar que "la saturación" actual se concentra en Canarias y Ceuta.
Ahondando en el objetivo esencial, éste radica en determinar "cuáles son los sistemas de protección de las comunidades que sí tienen una saturación, cómo se van a realizar esos traslados y cuáles van a ser las garantías de, por fin, convertirnos en un país que estructuralmente responde a las necesidades de lo que van a ser los jóvenes que nutran nuestros sectores productivos en el futuro".
Y es que en manos del Gobierno y autonomías está el futuro de los 4.400 menores migrantes que están a la espera de ser repartidos por toda la geografía española; una tarea que debe realizarse bajo “la calidad asistencia y recursos que se vuelcan a un sistema de protección garantista”.
El Congreso da luz verde al reparto con el rechazo del PP
Apenas unas horas atrás, la Cámara Baja dio este jueves luz verde al decreto de inmigración para establecer la distribución obligatoria de los menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas, especialmente para oxigenar la saturación que se da desde hace meses en Canarias y Ceuta.
Sin embargo, tanto PP como Vox desviaron sus votos a la contra de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería por la que se permite dar traslado a estos 4.400 menores de edad. De este modo, la iniciativa salió adelante con 179 votos a favor (PSOE y socios), 170 en contra (PP y Vox) y una abstención de UPN.
Y es que los populares de Feijóo vienen manteniendo su ‘no’ al considerar que el reparto es “una chapuza administrativa con gravísimas consecuencias jurídicas y de seguridad; un parche que se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas de raíz, ni el control de fronteras, ni acuerdos de retorno eficaces ni la lucha contra las mafias”, reprochó la diputada Ana Alós.
