El Gobierno ha aprobado en consejo de ministros extraordinario un nuevo estado de alarma. Esta vez solo afectará a Madrid capital y ocho grandes ciudades más de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso (se cae de la lista por su mejora epidemiológica Alcalá de Henares). Cerca de las 15 horas, tras una reunión que ha durado más de lo previsto, comparecían el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar los detalles de la decisión adoptada de urgencia después del varapalo judicial sufrido este jueves a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La vigencia de la nueva norma, ya recogida en el BOE, será de 15 días. Si este plazo no fuera suficiente, sería el Congreso de los Diputados quien tendría la potestad de aprobar o denegar su prórroga. Al menos en principio, ya que la Comunidad de Madrid todavía podría aplicar las restricciones dentro de su marco competencial a través del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales de Salud Pública, como ya han hecho comunidades como Castilla y León o Andalucía.
Al margen de las pesquisas legales, el Ejecutivo ha optado por el estado de alarma como solución momentánea a las dificultades encontradas desde que el pasado viernes anunciara su decisión de restringir la movilidad en Madrid y nueve grandes ciudades más con una IA a 14 días de más de 500 contagios. Una decisión ratificada por mayoría en el consejo interterritorial que, sin embargo, contó desde el primer minuto con el ‘no’ del Gobierno de Ayuso, que, pese a haber sido partícipe en el trato, decidió denunciar que no existía consenso y que acataría las medidas por imperativo legal sin estar de acuerdo con su adopción.
Y es que el Ejecutivo ha optado por ofrecer una solución firmada entre ambas administraciones hasta el último minuto. Fue el propio Illa quien, en comisión parlamentaria, tras enterarse del fallo del TSJM, pidió al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se reuniera de urgencia el Grupo Covid esa misma tarde con la voluntad de aprobar un nuevo escenario que hiciera que las restricciones fuesen recuperadas con celeridad. Paralelamente, Pedro Sánchez comparecía desde Argelia reconociendo que el estado de alarma era una opción viable, pero que habría que dialogar su puesta en marcha con la administración madrileña. Desoídas las llamadas -el Ejecutivo regional pedía tiempo para preparar una nueva orden “clara y concisa”-, cerca de medianoche el Gobierno nacional se cansaba y lanzaba un ultimátum a Ayuso: las medidas seguirán en pie, o contigo o sin ti.
Tres eran los escenarios que Moncloa ofrecía a los liderados por Isabel Díaz Ayuso: que las medidas tumbadas por el TSJM siguieran en pie aportando como marco legal la Ley Orgánica 3/1986, que sendas administraciones decretaran el estado de alarma de forma conjunta o, en su defecto, si Madrid renunciaba a las vías de diálogo, que el consejo de ministros lo decretase sin el visto bueno de la comunidad.
Lanzada la conminación, era Isabel Díaz Ayuso quien contestaba a través de Twitter anunciando que llamaría al presidente del Gobierno el viernes por la mañana. Sin embargo, a la hora en la que daba comienzo el consejo de ministros, el teléfono móvil del líder del Ejecutivo -en Barcelona de viaje institucional junto al monarca Felipe VI- seguía sin sonar.
Ruedas de prensa paralelas
Desde Moncloa informaban de que la rueda de prensa posterior al consejo de ministros se realizaría a las 12.30, apenas media hora después del inicio del cónclave. 15 minutos antes, comparecía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a anunciar que su plan era seguir con las Zonas Básicas de Salud como reducto idóneo desde el que atajar el virus, reduciendo así el área perimetral de actuación y reduciendo a su vez el movimiento entre zonas sanitarias más afectadas y aquellas que presentaban un cuadro epidemiológico más estable. Medidas que, sin embargo, el propio consejero explicaba a sabiendas de que minutos después no tendrían ninguna validez por el imperio del estado de alarma que se rubricaba en el Palacio de La Moncloa.
Igual de duro que su homólogo, Salvador Illa denunciaba que “Isabel Díaz Ayuso había optado por no hacer nada”: “No hay más ciego que el que no quiere ver”, denunciaba, alegando que “en política, el 99% de los temas son discutibles”, pero, sin embargo, “proteger la salud de los madrileños pertenece al 1% de lo indiscutible”. “La paciencia tiene un límite”, sentenciaba, detallando a su vez una cronología de las relaciones con Madrid (dejando algún dardo como la dimisión de Emilio Bouza) o el plan de actuaciones de grandes capitales mundiales como París, Berlín, Londres o Nueva York.
El cruce de reproches no terminaba en este momento. Terminada la rueda de prensa de Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska, llegaba el turno de Pablo Casado. Desde Génova, criticaba la “discrecionalidad” con la que acababa de actuar el Ejecutivo, y denunciaba que Sánchez había hecho primar su “obsesión” en unas medidas “aleatorias” que respondían a fines políticos y no a criterios científicos.
Publicación en el BOE
Pese a que este jueves se anunció que el consejo de ministros se realizaría a las 8.30 horas de la mañana, aplicando de forma urgente el estado de alarma y dificultando así la operación salida por el Puente del Pilar, finalmente, y a petición expresa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el enclave se ha retrasado hasta las 12 horas. La demora se ha seguido produciendo, compareciendo Illa y Marlaska para su anuncio cerca de las 15 horas.
Además, y pese a que los 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil movilizados por Interior ya realizaban labores informativas en los puntos de salida de los municipios afectados y las estructuras de transportes, la orden no ha sido recogida en el Boletín Oficial del Estado hasta pasadas las 16.30 horas, produciéndose de este modo un limbo legal que permitía desplazarse a los ciudadanos madrileños dispuestos a escaparse pese a las recomendaciones de no hacerlo.
Municipios afectados y restricciones
Las restricciones a la movilidad afectarán a Madrid capital y a ocho grandes municipios más de la región. Concretamente, se trata de aquellos que tienen más de 100.000 habitantes y que cuentan con una Incidencia Acumulada a 14 días de más de 500 contagios: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.
Las medidas que afectarán a estas ciudades son las siguientes:
- Se restringe la entrada y salida de personas de los citados municipios salvo por motivos justificados, como, por ejemplo, la asistencia a centros sanitarios, el cumplimiento de obligaciones laborales, la asistencia a centros educativos y universitarios, el retorno al lugar de residencia habitual, el cuidado de mayores, menores y dependientes.
- Se permite la circulación de personas residentes dentro de los municipios afectados, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas, si bien se desaconseja a la población desplazamientos y realización de actividades que no sean absolutamente imprescindibles.
- Los locales comerciales no podrán superar el 50 por ciento del aforo, y tendrán como hora de cierre máxima las 22 horas.
- Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50 por ciento tanto en el interior como en el exterior y se prohíbe el consumo en barra, mientras la ocupación de mesa será de un máximo de 6 personas y no podrán admitir clientes a partir de las 22.00 horas y deberán cerrar a las 23.00 a excepción de los servicios de entrega a domicilio.
- La asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo, y la asistencia a velatorios se limita a un máximo de 15 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados, y en entierros se restringe a un máximo de 15 personas.
- La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada se limita al 50 por ciento y podrá realizarse deporte en instalaciones deportivas siempre que no supere el 50 por ciento del aforo máximo permitido en espacios interiores y el 60 por ciento en espacios exteriores, y la práctica en grupo se limita a seis personas.
- Permanece vigente para toda la Comunidad la limitación de un número máximo de seis personas en las reuniones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, salvo en caso de convivientes.
