El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, registrado por la Guardia Civil.



Nos lo ha dicho Naciones Unidas, la OCDE y Transparencia Internacional: es necesario proteger a quienes denuncian la corrupción. Sin embargo, desde el 2005, cuando adoptamos el primer compromiso en este sentido, nada se ha hecho por quienes, en el ejercicio de sus funciones, se la juegan por denunciar estas irregularidades

Por ello nació en la plataforma Change.org una petición, dirigida a los candidatos a la Presidencia del Gobierno, en la que se les insta a adoptar medidas cuando lleguen a Moncloa. En ELPLURAL.COM hemos conseguido obtener respuestas de la mayoría de los partidos, en algunos casos de sus líderes que, con más o menos premura,  han contestado a nuestras preguntas.

Desde Izquierda Unida, el candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, asegura a este periódico que "el compromiso ya lo hemos adoptado de antemano. Desde Izquierda Unida consideramos necesario que la lucha efectiva contra la corrupción debe conllevar necesariamente que se garanticen los derechos y la protección legal de aquellos que se atreven a denunciarla. Hay que legislar en este sentido y acabar con el sorprendente vacío legal existente".

UPyD también se ha comprometido en ELPLURAL.COM, donde su candidato a la Presidencia, Andrés Herzog, recuerda que "hemos defendido y propuesto tanto en nuestros programas electorales como en el Congreso de los Diputados la implementación de sistemas de protección para los denunciantes de corrupción, que tiendan a resguardar sus derechos e intereses". El compromiso de Herzog es firme en este sentido y a este periódico asegura que "volveremos a incluir este tipo de medidas en nuestro programa electoral de las próximas elecciones" 



Desde Ciudadanos, Luis Garicano, coordinador del programa económico de Ciudadanos (y mano derecha de Albert Rivera) confirma con énfasis para este periódico que están comprometidos a llevar medidas en este sentido en su programa si llegan a la Presidencia. Entre ellas, nos explica, "proteger a los funcionarios (whistleblowers) dispuestos a ayudar proveyendo información en la lucha contra la corrupción. También a dotar a la Administraciones de mecanismos que permitan una lucha eficiente contra la corrupción y transformar la cultura política y administrativa en España: de la opacidad a la transparencia y de la irresponsabilidad a la rendición de cuentas."

Por su parte, la responsable delegada de Podemos, Gloria Elizo, recuerda a ELPLURAL.COM que el líder de la formación, Pablo Iglesias, ha hecho referencia a la necesidad de legislar sobre esta cuestión en varias ocasiones. Comprometidos con la protección de los denunciantes, Podemos apuesta por "el denominado 'Open Data', esto es, que los datos (en este caso proyectos, contratos o adjudicaciones) sean de libre acceso para todos los ciudadanos, sin limitaciones, para garantizar la transparencia. También es necesario garantizar el anonimato y la máxima protección para quienes denuncian casos de posible corrupción".

PP y PSOE guardan silencio
A pesar de la insistencia de este periódico por obtener una respuesta por parte de los dos partidos mayoritarios de nuestro país, aún no hemos conseguido que respondan a nuestro breve cuestionario. 

No obstante, en su última evaluación del nivel de compromiso de los partidos contra la corrupción, en julio de 2015, preguntó a los partidos por esta cuestión concreta. El PSOE, que no contemplaba esta medida en la evaluación anterior (abril de 2014) asegura que "es una medida que hemos incorporado y vamos a llevar al programa electoral. [...] el Programa Marco Autonómico y el Programa Marco Municipal de 2015 recogen el compromiso de poner en marcha Planes de Prevención de la Corrupción, que establezca los instrumentos de protección de los funcionarios que denuncian casos de corrupción".

Francisco Correa comparece ante la Justicia.



Por su parte, el Partido Popular, a la misma pregunta de si contemplan una Ley de protección para quienes denuncian la corrupción, responde que: "Al margen de las garantías procesales que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico de la voluntad de llegar a acuerdos en esta materia, el Gobierno del PP ha impulsado, en el ámbito del fraude laboral, el buzón de denuncias dentro de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esto permitirá la denuncia anónima ante la Seguridad Social"

La testaruda realidad
En 2005 el que fuera ministro de asuntos exteriores, Miguel Ángel Moratinos, junto con el entonces Rey de España Juan Carlos I, aprobó y ratificó, prometiendo cumplirla, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Dicha adhesión, que fue publicada en el BOE, recogía en diversos artículos la necesidad de proteger a quienes, en el ejercicio de sus funciones, denunciaran casos de posible corrupción. El artículo 33 de la convención establece la protección de los denunciantes de esta forma: "Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención."

En noviembre de 2011 la OCDE publicó un informe en el que animaba a los países miembros del G20 (España es considerado país invitado permanente) a "establecer una clara legislación que proteja de actuación discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan a las autoridades, de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de inmoralidad o corrupción". Ni el todavía Ejecutivo en funciones de Jose Luis Rodríguez Zapatero, ni el entrante de Mariano Rajoy, han asumido dichas recomendaciones.

La ONG Transparencia Internacional también ha denunciado en varias ocasiones la falta de protección de España para quienes denuncian corrupción y llega a decir en su último informe al respecto que "no hay aparentemente ningún impulso entre los líderes políticos para proteger legalmente a los denunciantes" y añade "la falta de cobertura legal desincentiva tomar esta decisión" en alusión a denunciar un presunto caso de corrupción.